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El presidente Gustavo Petro anunció este fin de semana que el Gobierno hará un recorte de COP 16 billones en el presupuesto. Este anuncio llega en medio de una aguda situación fiscal y tras una mala semana para los planes económicos de esta administración, con la suspensión de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional y la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés hasta 10,25 %.
Lo que más preocupa al Gobierno es que con la suspensión provisional de la emergencia mientras la Corte Constitucional hace un análisis de fondo, también se suspende el recaudo de los impuestos creados bajo el amparo del estado de excepción. Entre otras medidas, la emergencia implicaba IVA del 19 % para licores (menos la cerveza) y para los juegos de azar en línea, cambios en el impuesto al consumo para licores y tabaco, cambios en el impuesto al patrimonio, sobretasa del 15 % para el sector financiero, beneficios tributarios para deudores morosos con la DIAN y la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para el sector del petróleo y el carbón.
En esencia, la decisión puso en suspenso el recaudo con el que el Gobierno buscaba solventar el hueco que tiene el Presupuesto General de la Nación 2026. El año pasado se hundió en el Congreso la ley de financiamiento (en la práctica una reforma tributaria) que buscaba reunir COP 16,3 billones para el presupuesto de 2026, que asciende a COP 546,9 billones.
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“Los recursos públicos no son un dato aislado en un balance fiscal: son atención médica, educación, medicamentos y programas sociales que sostienen la vida cotidiana de millones de colombianos. Por eso, cuando una fuente de financiación se suspende, el impacto no se mide únicamente en términos fiscales, sino en la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales”, dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
Las cuentas de esa cartera indicaban que los impuestos del estado de excepción permitirían un recaudo de más de COP 11 billones. El sábado, el Minhacienda aclaró que hasta el 29 de enero, fecha en la que se conoció la decisión de la Corte Constitucional, se alcanzaron a recaudar COP 1,65 billones; de ese monto, COP 1,63 billones corresponden a los beneficios tributarios que aprovecharon 175.000 contribuyentes.
El Ministerio aseguró que la situación obliga al Gobierno nacional a explorar alternativas de financiación y fortalecer la eficiencia del gasto público. El objetivo, agregó la cartera, es mantener el equilibrio fiscal sin sacrificar la prestación de servicios en salud, educación y el bienestar de los colombianos.
Es en este nuevo escenario, sin tributaria y con la emergencia económica suspendida, que el presidente Petro aseguró que vendrá un recorte de COP 16 billones. El mandatario, en línea con el comunicado de Minhacienda, anticipó que el ajuste no se hará en la inversión social ni en seguridad y defensa. También dijo que el Gobierno debe buscar la deuda más barata y puso sobre la mesa una posible subida de aranceles que, explicó, “debe ir hacia sectores de la agroindustria alimentaria y aparatos domésticos que no hagan parte de la canasta familiar”.
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El anuncio reciente de Petro no sólo llega en un momento crítico en el tablero del ajedrez entre la administración y todos los demás jugadores, sino que marca un giro que puede mandar mejores señales hacia el mercado, y hacia esquinas como las agencias calificadoras acerca de la voluntad de hacer la tarea en materia fiscal. Hasta ahora, el presidente se había negado a la posibilidad de un recorte en medio de acusaciones de “complots” políticos y siempre con la vista en el retrovisor de los fantasmas de los gobiernos pasados.
En diciembre, Fitch, una de las tres grandes agencias calificadoras de riesgo, le rebajó la nota a Colombia, aunque estableció su perspectiva como estable. La agencia dijo que ve pocas probabilidades de que la situación fiscal de Colombia mejore drásticamente después de las elecciones, en buena parte por el crecimiento en el gasto del gobierno central.
La billetera abierta
Todos los países, en mayor o menor medida, funcionan con deuda. El déficit fiscal forma parte habitual de la gestión de un Estado y sus finanzas. Sin embargo, existen umbrales que no deberían superarse para evitar complicaciones futuras. Algo similar ocurre en un hogar: éste puede endeudarse, pero solo hasta un nivel que no asfixie sus finanzas y que pueda pagar.
El problema es que el país se está acercando a niveles históricamente negativos. La estimación inicial del Ministerio de Hacienda para 2025 situaba el déficit fiscal en 7,1 %, el segundo peor registro después de la pandemia. Hacia finales del año pasado, esa proyección se ajustó a 6,2 %. Las estimaciones de Fitch sitúan el déficit en 6,5 % (todavía no hay cifras definitivas).
La menor proyección de déficit no se logró por acciones estructurales y correcciones de fondo en los desbalances, sino por las operaciones de manejo de deuda lideradas por la Dirección de Crédito Público. Dichas operaciones habrían permitido que el pago de intereses se redujera a 3,6 % del PIB (de un nivel de 4,7 %), según estimaciones de la agencia calificadora. Esto ciertamente es bienvenido, pero no arregla los problemas de fondo, pues al mismo tiempo (dijo Fitch en diciembre) el gasto primario creció en 13 %.
En la noche del sábado el presidente Petro insistió, a través de su cuenta de X, en que su Gobierno “actuó correctamente” para disminuir el déficit primario: “Impulsó los nuevos tributos en la reforma tributaria del 2022, la Corte Constitucional decidió recortarlos. El Gobierno presentó el primer proyecto de financiamiento del Estado y el Congreso lo rechazó. El Gobierno presentó el segundo proyecto de financiamiento del Estado, y el Congreso lo rechazó. Esto produjo un hecho sobreviniente: la insostenibilidad de la deuda por el aumento del déficit primario. Su consecuencia es el aumento de los intereses”.
Efectivamente, el Gobierno Petro intentó en dos ocasiones conseguir recursos extra con la ley de financiamiento, pero en ambos momentos analistas, congresistas y gremios advirtieron que aprobar iniciativas de este tipo iba cuesta arriba y que el camino era el recorte de gasto. Mientras el Ejecutivo culpa al Congreso y a la Corte Constitucional, los expertos sostienen que el desbalance entre los ingresos y los gastos comenzó a gestarse en 2023, estalló en 2024 y ha seguido ardiendo hasta nuestros días.
El deterioro de las cuentas fiscales del país se explica, según José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de este Gobierno y profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, por el aumento en el gasto público y por un ejercicio “deficiente de presupuestación de ingresos” en 2024 y 2025. En un concepto enviado a la Corte Constitucional, el exministro destacó que los niveles actuales de gasto primario, cercanos al 24 % del PIB, superan incluso los registrados en la pandemia. De ahí que aumentaron las necesidades de financiamiento e incluso fue necesario suspender la regla fiscal.
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En esa misma línea, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, sostiene que el origen de la situación fiscal no es un hecho sobreviniente (como argumentó el Gobierno para decretar la emergencia económica), sino el resultado de pronósticos de recaudo excesivamente optimistas que no se han cumplido desde el año 2024. Las metas de recaudo del año pasado, agrega Salazar, tampoco se cumplieron y las estimaciones del Observatorio (así como las de otros analistas) indican que tampoco se cumplirían en 2026.
Ocampo, en conversación con este diario, dijo que “el resultado fiscal solo se soluciona con austeridad del gasto público”. En esa misma línea Salazar insistió en que la salida a la crisis fiscal pasa por pronósticos de recaudo serios y creíbles, una racionalización efectiva del gasto y un uso transparente de los recursos.
De materializarse el nuevo ajuste por COP 16 billones, estaríamos hablando del tercer recorte de presupuesto consecutivo. En 2024, el ajuste fue por COP 28,4 billones y en 2025, por COP 16 billones.
A principios de 2025 el Ministerio de Hacienda hizo un aplazamiento de gasto por COP 12 billones, tras la caída de la ley de financiamiento. Poco después, hubo un cambio de ministros de Hacienda (motivado, en parte, por las tensiones para recortar más gasto). En los últimos días del año, mediante un decreto sin aspavientos ni pronunciamientos, el Gobierno convirtió en recorte el aplazamiento de COP 12 billones y le sumó 4 billones más (que probablemente llegaron de recursos no ejecutados, según fuentes consultadas).
Si bien el nuevo recorte sería una buena señal, centros de investigación y analistas han señalado que el ajuste necesario supera los COP 16 billones.
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El crecimiento económico
A su vez, es el gasto del Gobierno lo que, según analistas, explica en parte el desempeño de la economía, que acabaría el año creciendo 2,9 % en PIB, según la más reciente estimación del Banco de la República. “En Colombia, una parte importante del crecimiento reciente ha sido impulsada por una política fiscal altamente expansiva, con déficits históricamente elevados. Eso mejora el crecimiento de corto plazo, pero deteriora los fundamentos macroeconómicos”, explicó en su momento Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo.
Para César Giraldo, profesor asociado del Departamento de Economía de la U. Javeriana, el desempeño actual es resultado de un “excesivo crecimiento del gasto público, con una recuperación de la inversión, pero no lo suficiente como para que las perspectivas de largo y mediano plazo de crecimiento sean buenas”. Giraldo explica que es ahí en donde aparecen las malas noticias: “el Gobierno se está endeudando, inyectando dinero en la economía, pero eso no es sostenible porque en algún momento debe venir el ajuste, la reducción del gasto, el aumento de los impuestos”.
El anuncio de Petro va justamente en esa vía: quizá reconocer que de cierta forma la fiesta está acabando y es hora de comenzar a ajustar las cuentas; así se haga de mala gana, sin mayores fichas sobre el tablero.
Esta semana el Ministerio de Hacienda presentará el Plan Financiero, un documento que muestra los ingresos y gastos del Gobierno para este año. La presentación se iba a hacer el pasado viernes, pero ante la necesidad de ajustar los cálculos por las noticias recientes, se aplazó. El documento aclarará cuáles son los planes financieros de la administración de Gustavo Petro.
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