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Insisto

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Un par de colectivos de abogados peleándose una mujer que no es Helena de Troya, sino María del Pilar Hurtado, para traerla a la patria y aquí someterla al castigo debido, es un espectáculo funambulesco.

Y créanme, no se trata de violencia de género.

Es inoficioso explicarle al país asilante las razones para conceder o negar un asilo, pues son asuntos de su análisis exclusivo, dada la autonomía que en la materia le otorgan las convenciones internacionales.

Por supuesto que en este caso no es el Estado colombiano el que está pidiendo la reconsideración del asilo. Y entiendo que no lo hace no sólo para no molestar, más aún si cabe, al expresidente de los trinos, sino porque la Cancillería está ilustrada al respecto de las convenciones públicas sobre el tema.

Los reclamantes son particulares, representantes de un determinado sector político, que bien pueden hacerlo, sin que sea probable que el asilante, como digo, ceda a la pretensión. Los viajeros a Panamá no ignoran la naturaleza de este amparo de sumo derecho, al tiempo que ha sido reconocido por tratados públicos, pero insisten en echar abajo el beneficio como una demostración de su postura ideológica.

No necesita este columnista explicar su posición frente al caso Hurtado o a cualquiera otro similar. No acostumbra anticiparse a decisiones judiciales y en lo político sabe, y le es suficiente, que hubo lances de dictadura en el uso de los servicios de inteligencia policial, durante el pasado octenio. Otra cosa es su defensa de la que considera una inefable institución jurídica como es esta del asilo territorial o diplomático, la cual ha sido siempre de su simpatía.

Con respeto pienso y expreso que personajes, a veces amigos como es el caso del colega Hollman Morris, fácilmente podrían necesitar y hacer buen uso de un justo asilo en el futuro. Sin comparaciones desagradables, la eventual necesidad de este amparo ante graves presiones políticas, está siempre en el tablero.

Cuando se acaba el derecho, digámoslo así, cuando el ser humano tiene en su contra, dentro de su propio país, a todas las instituciones y sospecha que hay detrás de su persecutoria, justa o injusta, entreveradas razones políticas, tiene a su favor este alero para protegerse. Sólo que no es éste un derecho unilateral y exclusivo de la persona, sino que necesita de la bilateralidad de un país, firmante de la convención de asilo, que considere su caso y lo acepte como de presión política indebida. Y obsérvese que lo penal no juega aquí, sino el asomo de animosidad política y también de lo que podría llamarse linchamiento social en el desarrollo de un juicio.

No creo que pueda destruirse tan generoso recurso, extremo y salvador para quienes somos más amigos de la defensa que de las acusaciones rabiosas, a título de satisfacer el encono en contra de un gobierno, todo lo abusivo que efectivamente haya sido.

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