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El primer día de Lula da Silva en el Palacio de Planalto, al que regresó para un tercer mandato como presidente, comparte mucho con lo que fue el primer día para Joe Biden en la Oficina Oval de la Casa Blanca: una agenda agobiante. Ambos mandatarios se dedicaron toda la jornada a firmar órdenes ejecutivas y decretos que buscaban revertir las políticas de sus predecesores, quienes a la vez compartían las mismas características entre sí: populistas de derecha.
Así como lo hizo Biden en su momento al reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París, Lula adoptó la misma ruta verde y firmó una serie de decretos que intentan fortalecer la protección de la Amazonía, cuya destrucción promedio aumentó en 75 % durante el gobierno Bolsonaro. Reactivó el Fondo Amazonía, creado en 2008 para captar donaciones y congelado por los desacuerdos de Noruega y Alemania con Bolsonaro, y revocó un decreto que permitía la minería en áreas indígenas y de protección ambiental.
Lula, al igual que su homólogo estadounidense, sabe que no tiene mucho tiempo para intentar apagar los muchos incendios que dejó su predecesor. También revocó procesos de privatización de ocho empresas estatales, exigió que sean revisadas las últimas decisiones de Bolsonaro que fueron tratadas en confidencialidad, suspendió la concesión de nuevas licencias para porte de armas y firmó una resolución para mantener el programa de ayudas sociales Bolsa Familia. Pero lo que parece una jornada agitada es hasta ahora un abrebocas de lo que tiene que afrontar. Estos son los siete principales retos que le quedan a su gobierno.
¿Qué hacer con los golpistas?
Este es un desafío inmediato. El nuevo ministro de Justicia y Seguridad, Flavio Dino, deberá hacer frente a la influencia que dejó el expresidente, Jair Bolsonaro, en el ministerio. Su primer reto: tomar medidas contra los golpistas que, hasta hace una semana, continuaban intentando sembrar el caos para evitar el traspaso de poder. El 25 de diciembre, un seguidor de Bolsonaro realizó un atentado fallido con bomba que, según la policía, se inspiró en el llamado a armarse del exmandatario de extrema derecha.
Se espera que se emitan más órdenes de arrestos y allanamientos contra las personas asociadas a actos vandálicos. El gobierno deberá desmontar con agilidad las estructuras radicales de las que se alimentaron los terroristas de ultraderecha para evitar que continúen alterando la paz.
El mensaje antidemocrático de los manifestantes es preocupante, pues no solo clamaban por la anulación de las elecciones, sino también por una intervención militar. Para garantizar la gobernabilidad en brasil, es necesario encontrar estrategias para disuadir al movimiento que creó Bolsonaro y lograr su desmovilización. Su primera misión tiene que ser la reconciliación política y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Circulación de armas
Bajo el gobierno Bolsonaro, Brasil tuvo más armas de fuego y menos mecanismos de control. Un tirador deportivo tuvo la oportunidad de tener hasta 60 armas. A lo largo de su periodo en el poder, el expresidente emitió unos 40 decretos con el objetivo de flexibilizar la posesión en el país, lo que se tradujo en un aumento del 474 % en el número de personas con certificado para tener armas de fuego. Los expertos señalan que esto genera un riesgo de violencia política.
“Hoy tenemos un verdadero ejército de civiles armados y esa situación es muy preocupante”, dice Carolina Ricardo, directora ejecutiva de Sou da Paz, a BBC Mundo.
Lula decretó a su llegada la suspensión por los próximos 60 días la concesión de nuevas licencias para cazadores, tiradores y coleccionadores (CACs) civiles, categoría que reunía en julio pasado un arsenal de más de un millón de armas, casi el triple que las 350.600 registradas en diciembre de 2018, según el Instituto Sou da Paz.
“Brasil no necesita armas, necesita seguridad, libros y educación”, dijo Lula en su discurso.
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Pobreza y hambre
Durante el gobierno de Bolsonaro, Brasil volvió a ingresar al mapa de hambre de la ONU, una lista que registra a los países con situación de hambruna seria, alarmante o extrema y de la que había salido en 2014, gracias a las políticas de Lula. De acuerdo con las cifras oficiales, 62,5 millones de personas vivían en la pobreza para 2021, equivalente al 29 % de la población.
La misión ahora es rescatar a 33 millones de personas en situación de hambre, equivalente al 15,5 % % de la población. Este es un número más significativo que el que recibió Lula en su primer periodo como presidente, cuando encontró un país con el 9,5 % de personas en situación de hambre.
Según cifras, 125 millones de personas han experimentado inseguridad alimentaria en los últimos años en Brasil. Para esto, Lula demanda mayores recursos para iniciativas y programas sociales como ‘Auxilio Brasil’. No le será fácil. Además de contar con una significativa oposición en el Congreso, hay otros factores que hacen que la tarea sea más difícil que en su primer gobierno.
“Cuando él asumió en 2003, el mundo estaba creciendo mucho influido por China, los precios de las materias primas experimentaron un gran boom y Brasil se benefició por eso”, dice Margarida Gutierrez, profesora de Economía en la Universidad Federal de Río de Janeiro, a BBC Mundo.
Con el viento en contra en el Legislativo
Lula parte sin mayorías en el Congreso y los escaños de su coalición de partidos de izquierda son insuficientes para aprobar leyes. Para Helder Ferreira do Vale, del centro de pensamiento Global Americans, “para lograr una mayoría que le otorgue gobernabilidad, Lula tendrá que negociar con los pragmáticos partidos del centro político—los mismos partidos que han apoyado al gobierno de Bolsonaro en el pasado. Estos partidos probablemente darán apoyo al gobierno de Lula a cambio de beneficios políticos”. Por esto, los planes de Lula podrían verse trastocados.
Para Sérgio Dalfollo, analista brasileño consultado por France 24, “la primera cosa que va a tener que hacer es conversar con todos los sectores políticos y sobre todo tener mucha paciencia y negociación, que no va a ser muy fácil”.
Medio ambiente
La reactivación de Fondo Amazonía y de la revocación del decreto que permitía la minería en áreas indígenas es solo el inicio. Lula prometió un índice de deforestación cero para 2030, pero no le será fácil. Durante el gobierno Bolsonaro, la tasa de deforestación aumentó 59 % respecto a los cuatro años previos, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales. Las agencias ambientales fueron desfinanciadas y deslegitimadas. Hay aportes de la selva que fueron tomadas por organizaciones criminales. Deberá pedirle más contribuciones al exterior para corregir los errores de los últimos años.
Política exterior
Al igual que en otras áreas, los cuatro años de Bolsonaro en el poder causaron varios estragos en el ámbito internacional. El expresidente se quedó prácticamente solo en la pandemia, acompañado por negacionistas como Trump. Lula espera dejar atrás la imagen de “paria internacional” que formó su predecesor y revitalizar mecanismos de integración y alianzas como Mercosur y Unasur, aprovechando el viraje ideológico que se presentó en la región en 2022. Esto no debería presentarle mayor dificultad a Lula, quien ya había construido una importante presencia internacional en sus primeros dos gobiernos.
Presupuesto
Ninguna de las promesas de Lula podrá cumplirse sin un gran presupuesto. El nuevo ministro de Hacienda, Fernando Haddad, deberá mantener los programas sociales prometidos por Lula, como el de Bolsa Familia, sin armar una “bomba fiscal”. Economistas consideran que el recién aprobado plan de gastos adicionales del Gobierno, sumado a las altas tasas de interés para contener la inflación y la deuda pública, podrían ser los elementos para crear un cóctel explosivo.
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