Uber y la voz del juez

Definitivamente, no fue bueno investir de facultades judiciales a algunas entidades de la Rama Ejecutiva. Ese remedio frente a la morosidad de la justicia fue facilista y su perpetuación es un irrespeto a la Rama Jurisdiccional. Más allá de ficciones y pomposas apariencias, los funcionarios que ofician como jueces en las superintendencias dependen del jefe de la entidad; muchas veces son nombrados por él mismo, lo cual compromete su independencia para dictar justicia.

En el caso de Uber, la sentencia de la SIC coincide con la conveniencia política del Gobierno: no tener más líos. Mientras tanto, los usuarios somos víctimas de los dueños de los taxis, ahora fortalecidos con una decisión judicial que, lejos de arreglar el problema, lo empeora. La movilidad, la seguridad y el empleo son los grandes derrotados.

Los defensores de la sentencia la quieren hacer ver como la única salida frente al ordenamiento jurídico vigente. No es cierto. La decisión de la SIC está montada en varios sofismas. Sostiene que Uber desvió ilegalmente la clientela de los taxis sin tener en cuenta las nuevas realidades del mercado. Ojalá antes de fallar hubieran leído y entendido la magnífica sentencia de 2016 de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito Judicial de Estados Unidos, la cual reconoce —sin demagogia— las múltiples diferencias entre Uber y los servicios prestados por los taxis, que justifican distintos esquemas regulatorios.

Además de la ligereza de su motivación, lo más deplorable de la decisión de la SIC es la orden a los operadores de telecomunicaciones de “bajar” a Uber. Se atropella a millones de usuarios que no fueron parte en el proceso. Este precedente de violación a la libertad de acceso a la información digital es inadmisible. Colombia no puede quedar al mismo nivel de Rusia, India, China y otros países que censuran el acceso a las aplicaciones y contenidos disponibles en internet.

@jcgomez_j