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Faltan 167 días para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tome una decisión clave para Colombia: certificar o no al país en la lucha contra el narcotráfico. Aunque hace 30 años Washington no ha optado por la “descertificación”, hoy las alarmas están encendidas ante la posibilidad de que esa vuelva a ser la determinación. Tanto así que este lunes, la canciller Laura Sarabia se refirió al tema y afirmó que el Gobierno se está preparando para ese escenario. En ese sentido, la administración de Gustavo Petro ha desplegado una estrategia en varios frentes con el objetivo de garantizar que, el próximo 15 de septiembre, la Casa Blanca mantenga la certificación.
El plan que trazó “el gobierno del cambio” se compone de, por lo menos, tres frentes. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores socializa con tanques de pensamiento las cifras sobre sustitución de cultivos ilícitos, el embajador en Washington, Daniel García-Peña, gestiona diálogos con legisladores estadounidenses, cuyo concepto influye en la decisión final; y, en paralelo, desde el Ministerio de Defensa, las fuerzas de seguridad intensifican las operaciones contra el narcotráfico y las incautaciones de estupefacientes.
La certificación depende exclusivamente de Trump. El 15 de septiembre, él hará la evaluación final sobre el desempeño de los países en la lucha contra las drogas durante el último año y tomará una decisión. Aunque hay varios factores en juego, desde el gobierno colombiano se sabe que el ambiente político es, sin duda, uno de ellos. Bajo esa lógica, consideran un logro la visita de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, una funcionaria de las entrañas de Trump, quien se reunió con Sarabia, el presidente Petro y con la cúpula del sector Defensa, encargada de la lucha en terreno contra el narcotráfico en el país.
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Aunque no hablaron explícitamente sobre la certificación, durante su encuentro con Noem, Petro enfatizó que la persecución en la lucha contra el narcotráfico debería enfocarse en los grandes actores del negocio y no en los pequeños campesinos, un planteamiento con el que la secretaria de Seguridad estuvo de acuerdo, dado su conocimiento sobre las dinámicas del campo. El espacio lo leen como un paso positivo en las relaciones bilaterales, que quedaron marcadas por la crisis de enero tras la deportación de colombianos esposados desde territorio estadounidense.
El proceso de la certificación apenas comenzó el 1 de marzo, cuando el Departamento de Estado publicó un informe elaborado durante la administración de Joe Biden. Aunque ese gobierno era más cercano a Colombia que el actual, el documento advirtió sobre el aumento en la producción de cocaína y la expansión de los cultivos ilícitos. Según la ONU, en 2023 la producción de la droga creció un 53%, alcanzando las 2.600 toneladas, mientras que las hectáreas sembradas con hoja de coca aumentaron un 10%, llegando a 253.000. Estas cifras mantienen en alerta a Washington.
Sin embargo, también hubo puntos favorables, que Colombia busca utilizar a su favor. En el documento se destacaba, por ejemplo, un aumento del 14 % en la interdicción de cocaína entre 2023 y 2024. En ese sentido, el vicecanciller Daniel Ávila, por ejemplo, detalló que en 2024 se incautaron 884 toneladas de clorhidrato de cocaína.
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Ahora, de aquí a septiembre, distintas agencias estadounidenses, como el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), la DEA y el Congreso, también deben analizar la situación y dar sus conceptos antes de la determinación del primer mandatario. Sarabia dijo este lunes que aunque le apuesta a la certificación, “también estamos preparándonos para un escenario de descertificación”. Aunque no quiso ahondar por tratarse un caso hipotético, durante una rueda de prensa virtual, afirmó que su cartera está trabajando “para mostrar que estamos luchando contra las drogas, que estamos de construir un plan estructurado para la disminución de cultivos ilícitos. Esperamos que los resultados se evidencien”.
Precisamente, desde la Cancillería se están tratando de demostrar esos resultados que exigen desde el país norteamericano. Y es que este año, los argumentos de persuasión deben ser contundentes, pues hace menos de dos semanas, el mismo Departamento de Estado dijo que “la Política Nacional de Drogas de Colombia tiene objetivos admirables, pero es momento de ver resultados”. Es esta misma agencia la que clasificará como organización terrorista a carteles en Latinoamérica por orden de Trump. En la lista inicial figura el Clan del Golfo, pero en el país operan muchas más estructuras narcotraficantes, entre ellas el ELN, como lo señaló el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez.
Fuentes cercanas a la cartera afirman que parte de esta estrategia implica enviar constantemente información con datos clave en materia de incautación, erradicación y sustitución a los centros de pensamiento estadounidenses, que son los que consultan tanto los miembros de las agencias que dan su opinión como los congresistas. A esta comunicación indirecta se suma el cabildeo directo, encabezado por García-Peña, quien se desplaza al Capitolio para reunirse con legisladores demócratas y republicanos —mayoritarios en el Congreso estadounidense— y explicarles los avances de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
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Esta suerte de lobby también implica llevar hasta la capital estadounidense a figuras clave en la lucha contra el narcotráfico. En los próximos meses se espera que viajen la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; la fiscal general, Luz Adriana Camargo; entre otros. En Washington ya estuvieron hace poco el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, y de la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda.
Desde julio del año pasado, Colombia y Estados Unidos acordaron doce métricas para evaluar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Entre los indicadores se encuentran el número de hectáreas erradicadas o sustituidas de cultivos ilícitos, la cantidad de cocaína incautada y los complejos de producción desmantelados. También se han medido la cantidad de personas acusadas por lavado de activos relacionado con el narcotráfico y la presencia de la Fuerza Pública en los departamentos con mayor afectación de coca, como Nariño, Putumayo y Cauca, calculando la cantidad de policías y militares desplegados por kilómetro cuadrado.
Apuntando a cumplir la mayor cantidad de casillas posibles, la meta del “gobierno del cambio”, como lo ha dicho el mismo Petro, es avanzar en alrededor de 30.000 hectáreas con erradicación voluntaria. En esa ecuación y en la incautación es clave el Ministerio de Defensa, en manos de Sánchez. “Yo estoy confiado en que estamos avanzando”, dijo el jefe de la cartera este martes después de un consejo de seguridad en la Casa de Nariño para discutir la ola de violencia que azota Buenaventura. Además, hay voces que señalan que en Washington hay un nivel de aprecio por la Policía, el Ejército y la Armada colombianos que podría jugar a favor. Le reconocen, entre otros, la identificación por primera vez del Tren de Aragua, que fue declarado por Trump como grupo terrorista.
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No es una decisión menor: la descertificación implica la posibilidad de la suspensión de, por lo menos, el 50% de la ayuda estadounidense, sanciones comerciales, restricciones en el acceso a financiamiento de organismos internacionales -como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- y la pérdida de respaldo de Washington en proyectos clave para Colombia dentro de estos espacios multilaterales.
Durante su primera administración, en 2017, Trump advirtió al gobierno de Juan Manuel Santos que Colombia estaba al borde de la certificación, aunque finalmente no tomó esa decisión. La última vez que la Casa Blanca aplicó esa medida contra el país fue durante el gobierno de Ernesto Samper, un movimiento que algunos también le atribuyen a razones políticas. Más recientemente, en 2022, la administración de Biden negó la certificación a Bolivia, Birmania, Afganistán y Venezuela. Sin embargo, las sanciones asociadas a esta medida fueron suspendidas por razones de seguridad e interés nacional.
Aún faltan meses para la decisión final, y en ese tiempo muchas variables pueden cambiar. Aunque el Gobierno colombiano apuesta por el lobby y la presentación de resultados, la incertidumbre es alta. Varias de las agencias clave en esta evaluación tienen funcionarios en encargo, lo que podría cambiar las balanzas en cualquier momento.
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Por Daniela Cristancho
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