Marta Lucía Ramírez le pide a Santos que renuncie a la inmunidad presidencial

El artículo que menciona la inmunidad presidencia señala que el primer mandatario, durante el período para el que fue elegido, “no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa”. (Lea también: Odebrecht: los frentes claves de investigación)

Para Ramírez, la gravedad de las acusaciones merece que el presidente renuncie a este beneficio “para que en adelante ninguno de sus sucesores en el cargo tenga ese amparo para investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción o de desviación de recursos del erario a favor de una campaña presidencial”. Lo que pide puntualmente es “la eliminación hacia el futuro de la inmunidad presidencial por delitos de corrupción o contra la democracia y el sistema electoral”, pero cabe aclarar que en este momento no hay una denuncia formal en contra del presidente Santos por una actuación individual del mandatario, sino contra la campaña a la Presidencia.  (Lea: Supersociedades sometió al grado más alto de inspección a Odebrecht)

Sin embargo, esa no fue la única propuesta de Ramírez. En la carta de tres páginas también sugiere la creación de una Comisión Mixta Internacional contra la Impunidad y por la transparencia electoral. ¿Cómo funcionaría? Este órgano, según Ramírez, debe ser independiente, tener magistrados internacionales, tres decanos de las facultades de derecho de mayor trayectoria y reputación y tres observadores nacionales de la sociedad civil.

El objetivo de la comisión sería la de llevar a la muerte política a los infractores y desmantelar partidos y movimientos políticos que sean financiados con dineros ilícitos o no declarados. Pidió, igualmente, revisar el régimen de financiación de las campañas para “limitar los aportes de empresas privadas contratistas del Estado, de tal manera que se puedan cortar los cordones umbilicales que unen la contratación estatal con la elección de funcionarios particulares”.

Los puntos clave de la investigación de Odebrecth

Tanto la Fiscalía como el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanzan en las investigaciones para determinar si hubo financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga, sin embargo, los dineros que hayan entrado a ambas campañas no constituyen un delito penal, sino una infracción electoral.

Los frentes claves de la investigación son la Ruta del Sol II, una adición al contrato de esa misma obra de infraestructura, la campaña de Zuluaga y Santos y otros contratos de infraestructura que son indagados por la Fiscalía.

El ente acusador envió el dossier a Alexánder Vega, presidente del CNE, luego de lo dicho en interrogatorio por Otto Bula Bula, vinculado al caso de sobornos por parte de Odebrecht y origen de las acusaciones en contra de la campaña presidencial de Santos.

De acuerdo con Bula, entregó un millón de dólares, en dos entregas, a Andrés Giraldo, quien es amigo personal de Roberto Prieto, otrora gerente de la campaña del hoy presidente de la República. Como era de esperarse, desde la Presidencia se ha negado cualquier recibo de dineros por parte de Odebrecht, aunque Santos pidió que se investigara el caso minuciosamente.

Por su parte, Giraldo ha señalado que, aunque sí se reunió en alguna ocasión con Bula, lo hizo mucho tiempo después de que acabara la campaña presidencial y que no recibió ni $10.000.

Lo más reciente sobre el caso ha sido el anuncio de la Superintendencia de Sociedades de someter a control a todas las entidades en el país que estén relacionadas con Odebrecht, por eso sometió al más alto grado de inspección a Odebrecht Latinvest Colombia, Constructora Norberto Odebrecht y Navelena, esta última a cargo de las obras para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

Mucho se opina del tema y los contradictores políticos encontraron en los señalamientos sin pruebas del fiscal general Néstor Humberto Martínez la mejor artillería para atacar al presidente.

La presunta entrada de dineros de la multinacional Odebrecht a las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en 2014 tiene al país político revolucionado y al Estado en una de las mayores crisis institucionales debido a que es un tema que vincularía directamente la campaña del primer mandatario con una empresa que pagó sobornos para acceder a multimillonarios contratos en Colombia y otros países de la región.