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Que la primera defensa del procesado excongresista Otto Bula, por los sobornos confesos de Odebrecht para la obtención de una adición al contrato de la Ruta del Sol, haya sido escudarse en una supuesta calidad de lobista ante el Gobierno y el Congreso es una advertencia de la importancia de tener una regulación precisa de esa práctica en el país. Muchas veces ha estado el tema sobre la mesa, pero nada ha avanzado. Quizá sea el momento de hacerlo.
Bula, detenido por orden de la Fiscalía, presuntamente recibió US$4,6 millones de Odebrecht para que ayudara en el trámite ante el Gobierno para una adición contractual por cerca de $800.000 millones. Como es sabido, en efecto el gobierno de Juan Manuel Santos concedió la adición (en pleno año electoral, por lo demás) y sólo hasta ahora el país está empezando a entender hasta dónde llegaron los tentáculos de la corrupción de esa empresa brasileña. El excongresista, según se ha dicho, está negociando un principio de oportunidad con el ente investigador para recibir rebaja de pena a cambio de arrojar más luces sobre lo ocurrido.
Aunque es muy debatible que los hechos que tienen a Bula en el centro del escándalo puedan considerarse como actos legítimos de cabildeo, la ausencia de una regulación sobre el tema crea innecesarias zonas grises y es una puerta abierta para enmascarar los sobornos y las influencias indebidas.
Lastimosamente, la falta de voluntad política del Congreso cada vez que se ha presentado una propuesta de regulación no hace más que despertar más suspicacias sobre el tema. ¿Qué sentido tiene seguir ignorando las sombras que rodean a una práctica que debería ser lo más transparente posible?
Que las empresas tengan personas que representen sus intereses en el Congreso y ante el Gobierno Nacional es una actividad necesaria en cualquier democracia. Así como las entidades públicas tienen delegados en el Parlamento para explicar sus posiciones, lo mismo debe aplicar para cualquier ciudadano o grupo de personas (incluyendo compañías) que quieran impulsar sus proyectos o defender sus intereses. El problema es cuando las cartas no están sobre la mesa: no es fácil rastrear quién está operando en servicio de quién, y los pagos se realizan, por ejemplo, por fuera del país (como presuntamente ocurrió en el caso de Bula).
Una normatividad estricta y detallada sobre cómo debe operar el cabildeo en el país puede solucionar muchos problemas y, además, proteger a todos los involucrados: si las reglas están claras es mucho más sencillo identificar cuándo se cruza la línea de la ilegalidad.
Con un sistema de fiscalización pública del lobby, quedaría claro quién exactamente ejerce esa labor, quién lo contrata, cómo son esos contratos, cuánto dinero ha recibido por sus labores, con quién se reunió en el ejercicio de su función, qué resultados obtuvo, cuál es el monto de los contratos estatales sobre los que tuvo influencia y cuáles son los límites que operan sobre cada lobista. Además, los ciudadanos pueden con mayor facilidad identificar qué intereses están representando los congresistas y utilizar eso al momento de tomar decisiones electorales. Poder seguir con facilidad la ruta del dinero en la política es una herramienta que fortalece las decisiones democráticas.
Ante la grave realidad de corrupción, el Congreso no puede continuar con su falta de acción en este tema. Ojalá la coalición del Gobierno cumpla la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de liderar la avanzada anticorrupción y el país tenga pronto una regulación del cabildeo. Es necesaria.
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