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En nota de El Espectador del domingo 22 de enero se presentan varias inquietudes sobre la legalidad de la elección de la señora fiscal y entre líneas se lee que hay malestar por su segundo matrimonio, que tal vez sea la terminación de la simulación de su divorcio, y que esta situación podría influir en los magistrados que decidirán sobre la nulidad de la elección.
La situación de la señora fiscal genera tres comentarios: el primero se relaciona con los temas de la elección. Se trata de resolver (i) si el presidente podía discrecionalmente cambiar la terna, (ii) si la Corte Suprema podría elegirla con tan solo 14 votos, y (iii) si de ser válida la elección su período es de cuatro años o sólo por los faltantes para completar los cuatro previa resta del tiempo que ejerció el fiscal interino. Como se ve, se trata de cuestiones de puro derecho, en las que nada puede tener injerencia el marido de la fiscal, quien tiene esa condición desde hace tiempo. El segundo es de tipo legal y de moralidad social. La señora fiscal dice, recordando mutatis mutandis al rey Luis XIV, “La fiscal soy yo” y asegura que su marido no tendrá ninguna intromisión en sus decisiones ni en las de los miles de funcionarios que, de manera “independiente y autónoma”, dicen que adelantan las investigaciones por delitos. Además, hace alarde de su independencia al delegar en uno de sus fiscales la competencia para investigar a su marido, quien tiene muy pocas probabilidades de regresar a la cárcel, lo que probablemente sería causa de un segundo divorcio. La verdad es que el matrimonio de la señora fiscal no es cuestión de su vida privada, sino un tema de interés nacional y por simple condición humana se debe saber que las decisiones de la Fiscalía no pueden ser imparciales. Es un imposible pedir que lo sean. Son infinidad los casos en los que un funcionario de la Rama Ejecutiva ha debido renunciar porque su cónyuge o un familiar cercano han violado la ley. Con mayor razón si pertenece a la Rama Judicial y es la cabeza de la función investigativa. El tercero es el relacionado con la politización de la administración de justicia. En época de monarcas autoritarios y dictadores, quienes se oponen al régimen o son sus malqueridos terminan decapitados. Algo de esta aberración parece revivir en Colombia. Tengo autoridad para informar que hace cinco años presenté una denuncia penal y hasta la fecha no se ha escrito una sola línea para ordenar lo que llaman histriónicamente el metodológico. Antes dudaba de la justicia, hoy he perdido la fe en su administración y veo con tristeza cómo la justicia huye despavorida de sus operarios.
Carlos Fradique-Méndez. Bogotá.
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