El milagro de Las Catas

Algunas dispersas cabezas de ganado, construcciones desperdigadas por aquí y por allá, rastros del invierno que se resiste a desaparecer y mucho verde. La diferencia estaba en lo que allí habría de ocurrir con la entrega de este latifundio de algo más de 4.000 hectáreas a 304 familias campesinas desplazadas de la zona, para darle comienzo a lo que Santos ha llamado “la gran revolución agraria”. Estaba allí un presidente emocionado, confundido entre campesinos que han vivido el horror de veinte años de desalojos y muerte, motosierras, cadáveres desmembrados flotando por el río San Jorge, pobreza y desamparo gubernamental. Un presidente que con esa entrega, el 12 de enero, le dio la partida a un ambicioso programa de desarrollo rural que busca que regrese la vida al campo colombiano.

Sí, era emocionante. Impactaba además que el escenario fuera Córdoba. Y un predio con la historia de Las Catas volvía el acto aún más simbólico. Una tierra que formó parte de Corinto, una de las tradicionales haciendas ganaderas del San Jorge, de propiedad del abogado antioqueño Eduardo Uribe Botero, cuyos herederos le vendieron sin recato alguno, como lo hicieron tantos hacendados, a narcotraficantes. Las Catas terminó en manos de los hermanos Moncada, entonces lugartenientes de Pablo Escobar y socios en el negocio de la coca de Fidel Castaño. Y fue allí, y en Las Tangas en Tierra Alta, donde nacieron las Autodefensas de los Córdoba. Allí tomó forma el paramilitarismo que con su estela de dolor y muerte ha dejado, junto a la guerrilla, más de un millón de víctimas que la ley que tomó vida el pasado 1º de enero busca reparar.

El Gobierno habla de una ambiciosa reforma agraria a realizarse en buena medida con tierras incautadas y extinguidas a los narcotraficantes. Con un modelo novedoso. No se trata de parcelarles a campesinos pobres los grandes latifundios para reeditar fracasados intentos del pasado, que no lograron transformar la vida rural colombiana. Las 4.000 hectáreas no estarán divididas en parcelas.

A cada una de las 304 familias se le titularán 3 hectáreas con una vivienda, en las que podrán adelantar las actividades de la economía campesina, de autoconsumo y generación de un excedente comercializable. Las casas estarán agrupadas en una aldea rural que les garantice calidad de vida. Otras 2.000 hectáreas formaran parte de un predio colectivo que será trabajado por la totalidad de las familias para producir caucho, cacao y plátano, con el apoyo crediticio y tecnológico del Gobierno y en alianza con empresas del sector privado que asegurarán la comercialización de los productos.

Los campesinos recibirán un ingreso por su labor en las parcelas, y en la puesta en marcha del proyecto productivo. Un modelo que con las variantes propias de cada zona y población se reproducirá gradualmente durante los próximos 10 años en los más de 2 millones de hectáreas que están en proceso de extinción de dominio en las distintas regiones del país. Tierras que formaron parte del botín de guerra de narcotraficantes y paramilitares.

El regreso de la vida al campo colombiano, deshabitado por la guerra, es un sueño que, con lo que se vio en Las Catas, augura poder volverse realidad.