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El 2023 será un año agitado en el tablero político de Venezuela. Nicolás Maduro y la oposición regresan a la mesa de diálogos, instalada en México, a buscar soluciones para la crisis que azota al país.
El pasado 26 de noviembre, los delegados del gobierno de Maduro y la oposición suscribieron el “Segundo Acuerdo Parcial para la protección del Pueblo Venezolano”, con el que se inaugura esta nueva fase. El texto, de cuatro páginas, resalta “el bienestar del pueblo venezolano como centro de la atención”. Sin embargo, parecen ser más los retos que las promesas en esta nueva serie de diálogos para Venezuela.
Un nuevo intento
El pacto entre Maduro, que ya cumple 10 años en el Palacio de Miraflores, y la oposición, que algunos temen que llegue debilitada tras la remoción del gobierno interino de Juan Guaidó, votada el pasado viernes, inició un nuevo intento tras, por lo menos, otros 15 fallidos.
Venezuela tiene varios problemas sobre la mesa: políticos, sociales y sanitarios, entre otros. La economía es una de las carteras que más ha sufrido y la inestabilidad política, sin duda, ha repercutido en la cotidianidad de la población.
El país es protagonista de la “mayor crisis de desplazamiento del mundo”, como ha dicho ACNUR. El bolívar es una de las monedas más devaluadas del mundo y la creciente desigualdad hace que los más adinerados sean 70 veces más ricos que los pobres. Según dijo el economista Daniel Cadena, en Venezuela hay “precios de Dubái, pero salarios de Sudán”.
El pacto firmado permite que los recursos de Venezuela congelados en el exterior (un total US$3.000 millones que se espera que sean administrados por Naciones Unidas) puedan ser utilizados para salud e infraestructura, entre otros rubros, para aliviar en algo las enormes necesidades de los venezolanos. No obstante, el fin de semana, Maduro, sin entrar en detalles, denunció que hay dificultades para la liberación de dichos fondos.
Enormes son también los retos, empezando por la confianza. En 2021, cuando el gobierno de Maduro y la oposición negociaban, cerca del 40 % de los venezolanos consultados afirmó “no creer en el proceso de diálogo”, según datos publicados por la encuestadora Datincorp. Ahora, Gerardo Blyde, coordinador de la oposición, manifiesta que el proceso, “aunque es el más fuerte que hemos logrado […], aún es débil”.
El alcance de los diálogos
¿Qué está en juego para los venezolanos en estos nuevos diálogos entonces? No es la primera vez que en una mesa de conciliación entre el chavismo y la oposición se habla del “bienestar de la población”, elecciones libres, levantamiento de sanciones extranjeras o auxilios a la economía.
Para Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, este escenario de diálogos es muy distinto a los anteriores. Rodríguez recuerda que “la negociación en Venezuela ha sido constante a lo largo de la revolución y ha surgido en momentos posteriores a circunstancias de alta tensión. En este caso se dio por la petición del presidente Petro de reiniciar el diálogo”.
Rodríguez, que también analiza la situación venezolana desde la ciencia política, opina que “básicamente está en juego el regreso a la democracia en Venezuela. Claro que no va a ser resultado de la negociación, sino que vamos a ver un ‘desescalonamiento’ de la dictadura […], pero hay que ser claros en algo: no se está negociando la rendición del chavismo”.
El acuerdo entre oposición y gobierno estableció que ese dinero descongelado se destinará a “reforzar el sistema público nacional de salud”, la “estabilización del sistema eléctrico nacional, la ampliación del Programa Mundial de Alimentos” y atender la “infraestructura educativa pública”. Incluso se llegó a tratar la atención contra los damnificados de las lluvias en el último bimestre de 2022, que dejó cerca de 100 muertos, de acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela.
En este proceso, serán las agencias de la ONU las que manejarán los recursos, con el fin de que el régimen chavista no malverse estos dineros. Sin embargo, Ronal Rodríguez no considera que haya efectos inmediatos en los temas que se busca impactar. A pesar de la elevada suma que se puede utilizar para temas sociales, es muy difícil que haya respuestas a corto e incluso largo plazo en temas como salud, educación o acceso a servicios públicos.
Por ejemplo, en cuanto a educación, Rodríguez afirma que “en Venezuela ya no hay profesores. Colombia ha recibido jóvenes de 15 o 16 años prácticamente analfabetos y con más de tres o cuatro años de desescolarización. Hay problemas estructurales que no se van a resolver a la vuelta de la esquina; reconstruir el sistema educativo de Venezuela va a tardar décadas. Porque el daño es muy fuerte”.
El sistema de salud y el acceso a servicios básicos pronostican un panorama similar. “La falta del acceso a la información y de organizaciones que permitan visibilizar realmente las cifras dificulta mucho el efecto que se puede tener”, expresa el analista.
No es, pues, el fin del gobierno de Maduro ni de las ideas chavistas dentro del Palacio de Miraflores. Rodríguez considera que este proceso de “transición” será largo. “Así como el chavismo duró 24 años instalándose en el país, pueden pasar otros 24 años en desmontar esas dinámicas”, puntualiza.
Aun cuando Jorge Rodríguez, vocero del gobierno venezolano en los diálogos, expresó que estaban en el “camino” correcto, es muy difícil que la población vea mejoras en los aspectos de los que más carecen desde hace años.
En la diáspora venezolana que se da desde hace al menos un lustro, también han salido profesores, técnicos, médicos y personal de salud que hacían funcionar el sistema. Ahora sin estas personas, o con los “pocos que se quedaron”, como afirma el vocero del Observatorio, el sistema educativo y el sanitario están muy lejos de llegar a sus estándares esperados.
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Nuevos diálogos, mismos protagonistas. ¿Funcionará?
Para David Smilde, sociólogo e investigador principal en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), “es claro que el gobierno de Maduro utiliza los procesos de diálogo como una táctica dilatoria por medio de la cual puede dividir y desmovilizar a la oposición”, explica en una publicación de la Fundación Carolina.
Ante esto, Smilde y Geoff Ramsey, coautor del texto, consideran que “se han producido avances claros […] de las demandas de las partes en conflicto. Sin embargo, los aliados internacionales de cada lado del conflicto están afectando los cálculos de ambas partes, lo cual va en contra de lograr un acuerdo”.
Como miembro de la bancada oficialista hay una nueva presencia: Camilla Fabri, conocida por ser la esposa de Álex Saab, quien llegó a reemplazarlo “mientras se produce la incorporación plena” del colombiano extraditado.
Los diálogos definirán unos “temas prioritarios” en la primera mitad de enero, pero no hay claridad en las fechas claves que componen estos acuerdos. Según Jorge Rodríguez, se está “aterrizando” lo que se firmó. Sin embargo, la falta de información pública “genera dudas de que las partes logren alcanzar un acuerdo”, expresa el diario británico The Independent.
Entre las pocas certezas del cronograma venezolano están las próximas elecciones. Para 2023, están pensadas las primarias, donde la oposición probablemente elija al candidato que le disputará a Maduro su puesto en el Ejecutivo. Finalmente, en 2025 terminaría el mandato de Nicolás Maduro, por lo que en 2024 habría elecciones presidenciales, sin que para los analistas haya muchas esperanzas en cuanto a las garantías, como tampoco, hasta el momento, se ha dicho algo concreto sobre el tema en las mesas de negociaciones.
Temas pendientes
Si bien el acuerdo es enfático en aclarar que los asuntos allí expuestos no son “obstáculo para […] atender otras áreas”, hay temas importantes que están quedando pendientes en la agenda. Por ejemplo, la situación de los venezolanos en el extranjero es una realidad “preocupante”, como lo catalogó la Unicef a comienzos de 2022.
Solo los datos de ACNUR muestran que hay más de siete millones de venezolanos migrantes alrededor del mundo, específicamente en países de Latinoamérica. Es decir que el 20 % de toda la población ha huido de la situación sociopolítica de Venezuela en la última década.
En Colombia hay más de 2,5 millones de migrantes venezolanos, de los cuales solo el 50 % come más de dos veces al día, o tan solo uno de cada cuatro consumen agua de calidad, de acuerdo con Migración Colombia y encuestas del DANE.
La situación de los presos políticos es otro de los ejes centrales que no se han abordado en esta nueva serie de diálogos. Al menos así lo calificó la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) cuando estimó “totalmente inaceptable” que no se solucione la situación de estas personas. Según reportó la ONG Venezuela Foro Penal, a noviembre de 2022, había 257 presos políticos en el país.
Son puntos no menores que siguen estando sin resolver y a los que probablemente no favorecen las fracturas de la oposición, que se hicieron evidentes tras la eliminación del gobierno interino de Guaidó (avalada con 72 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones por parte de la Asamblea Nacional elegida en 2015). Al respecto, muchos analistas siguen digiriendo las posibles implicaciones de la decisión, no solo en cuanto a lo que vendrá para el manejo de los activos venezolanos aún bajo el control de la oposición, sino sobre las primarias. De hecho, la expulsión de Guaidó ha sido leída por críticos como una estrategia para debilitarlo antes de esa contienda.
Por otro lado, mientras algunos actores políticos ven (o temen) a un Maduro fortalecido, al haber superado un nuevo obstáculo (como lo hizo con el cerco diplomático, varias sanciones petroleras, etc.), otros siguen resaltando la posición vulnerable del presidente, con una industria petrolera y un país, en general, que no se recuperarán de la noche a la mañana. Sin olvidar que Estados Unidos entra en un año preelectoral, lo que puede instalar una cuenta regresiva para los acercamientos entre Caracas y Washington.
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Por Tomás Tarazona Ramírez
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