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En la mañana del 6 de febrero se llevó a cabo una inspección que duró 12 horas en la ciénaga de Mallorquín, en el norte de Barranquilla, luego de la que se dio un plazo de ocho días a los pobladores del lugar para mudarse. La idea de la decisión es recuperar la playa.
En el operativo trabajaron en conjunto la Policía, Dimar, Armada, secretarías de Gobierno, Salud, Control Urbano y Espacio Público, el Ejercito Nacional, Icbf, y Esmad. Alicia Bustos, la inspectora a cargo, se tomó el espacio para identificar los predios con título de “propiedades ineficaces y delimitadas de forma irregular”. Al menos 56.061 kilómetros cuadrados de terrenos con playa marítima están bajo este rótulo.
Aunque la noticia de desalojo tomó por sorpresa a los habitantes, algunos decidieron salir voluntariamente. Varias viviendas, construidas en madera sobre la orilla de la ciénaga, están en proceso de demolición en este momento. Por lo pronto, se están derrumbando las casas desoladas y se espera que quienes voluntariamente aceptaron la medida busquen alternativas.
En la inspección se determinó que 300 familias deberán partir del lugar y reubicarse. “El desalojo es inminente”, aseguró Bustos, a pesar de que hay personas que viven allí hace más de una década y su actividad laboral se basa en la pesca.
Como era de esperarse, algunos pobladores no tienen a donde ir y la situación se torna complicada cuando se trata de familias numerosas o de escasos recursos económicos.