No todo vale por “fast track”

Ahora que el Congreso lleva un tiempo sesionando mediante la figura del fast track para aprobar las reformas necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz entre la guerrilla y el Gobierno, son preocupantes los rumores y las propuestas encaminadas a utilizar ese mecanismo para hacer modificaciones legislativas que el parlamento no había hecho antes, pese a haber tenido la oportunidad de hacerlo. No es apropiado utilizar una herramienta extraordinaria para privar al país de discusiones complejas y, de paso, para sacudirse temas que se han visto erradamente como obstáculos para el desarrollo.

Entendemos y seguimos apoyando la importancia del fast track para aprobar de manera expedita aquellos temas que son urgentes para la implementación del Acuerdo de Paz. La Ley de Amnistía y todo lo relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, por su naturaleza excepcional y su importancia para la reintegración de los guerrilleros a la legalidad, debe beneficiarse del proceso legislativo abreviado. Lo mismo aplica para todos los proyectos que hagan parte del engranaje inicial para darle solidez a lo pactado y que el fin del conflicto armado con las Farc sea irreversible jurídicamente.

Sin embargo, lo que ha sido una preocupación desde la primera vez que se propuso la idea del fast track está cada vez más cerca de volverse realidad: haría muy mal el Gobierno en provechar el mecanismo abreviado para aprobar reformas estructurales del Estado que ameritan discusiones con más calma y que no están directamente relacionadas con el proceso de paz.

El argumento oficialista, según lo entendemos, es complejo, pues es verdad que en lo pactado en La Habana se proponen cambios sustanciales a la estructura actual del Estado colombiano. Es comprensible lo dicho por algunos parlamentarios en el sentido de que la implementación del Acuerdo también implica modificaciones importantes.

No obstante, como el diablo está en los detalles, no le vemos utilidad a que el Gobierno aproveche la coyuntura para pasar paquetes enormes de propuestas legislativas que abarquen múltiples temas. Si estiramos la idea de que hay que implementar todo lo relevante para la paz, no sería difícil aceptar que no hay tema que no esté relacionado con el Acuerdo y por ende sea sujeto a modificaciones exprés. Pero eso causa problemas de legitimidad: ¿de verdad queremos que las reformas estructurales no tengan suficientes debates y oportunidades para que sean lo mejores posible?

Hace poco, por ejemplo, varias universidades del país rechazaron de tajo la intención del Ministerio de Educación que busca hacer ajustes en el Sistema Nacional de Educación Terciaria a través del mecanismo abreviado. Al respecto, Ignacio Mantilla, rector de la Universidad Nacional, dijo que “aprobar vía fast track una reforma a la educación superior deslegitimaría cualquier acuerdo, limitaría las acciones que las universidades públicas vienen implementando para atender las necesidades en educación en el escenario del posacuerdo y despertaría dudas que podrían empañar y desvirtuar el propósito de la paz”. Estamos de acuerdo. Las mayorías abrumadoras de la coalición de Gobierno silenciarían a los múltiples interesados en una reforma de ese tipo.

Lo mismo podría ocurrir con los rumores sobre el interés de reformar el Sistema Nacional Ambiental y, particularmente, la consulta previa, que ha sido vista como un obstáculo para los proyectos de desarrollo. No se le debe arrebatar a las comunidades ese importante derecho de resistencia y autodeterminación.

El Gobierno debe mostrar su responsabilidad de no abusar de las facultades extraordinarias que le concedieron y entender que hay reformas que tomarán más tiempo del esperado. Es necesario. No se puede reinventar el país a las carreras.

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