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La Corte Constitucional le jaló nuevamente las orejas al Ministerio de Salud en lo relacionados con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que el sistema de salud le asigna cada año a los afiliados para atenderlos. El alto tribunal revisó el cumplimiento que le ha dado la cartera a sus órdenes y enviaron un cuestionario para que el Ministerio lo responda en dos días sobre el tema.
Desde hace un tiempo, el alto tribunal identificó que el cálculo que se hacía para definir la UPC estaba mal hecho y que hacía que el sistema tuviera fallas a la hora de atender a los afiliados. Por eso, ordenó a Minsalud instalar mesas de trabajo, las cuales tienen que revisar los cálculos de los años anteriores, reajustarlos y buscar cómo mejorar en los años venideros. Sin embargo, la Corte revisó el avance de sus órdenes y encontró que se están cumpliendo a medias.
“La Sala recuerda que el objetivo de la mesa de trabajo cuya creación se ordenó en la resolutiva 3.* del Auto 007 de 2025, no persigue la simple revisión de la UPC y su reajuste. La Corte buscó, entre otras cosas, que a partir de la concertación real y efectiva entre los diferentes actores del sector salud y el Gobierno, tanto de carácter técnico como de otro tipo, se logre la adopción de decisiones más representativas, transparentes y legítimas”, dice la decisión más reciente.
Para a Corte, sus órdenes implican “la participación de diferentes sectores permitirá trabajar con mayor eficacia y eficiencia en la identificación y superación de fallas al interior del SGSSS que, actualmente, afectan la sostenibilidad financiera del sistema”.
Por eso, le solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda, la Adres, la Procuraduría Delegada para la Salud la Protección Social y el Trabajo Decente y la delegada para el Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias de Tutela, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Superintendencia Nacional de Salud, que contesten una serie de preguntas “en un término de dos (2) días”.
Asimismo, le pidió a la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, a la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento, a la Asociación de Pacientes de Alto Costo, así como a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Acesi, Pacientes Colombia y la Procuraduría General de la Nación que respondan otros interrogantes.
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