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La Contraloría General, la Procuraduría y la Auditoría solicitaron a las asambleas departamentales y concejos municipales poner freno a las vigencias futuras (gastos) aprobadas por los respectivos alcaldes y gobernadores.
En una circular conjunta los organismos de control manifiestan que las operaciones de crédito aprobadas bajo la forma de vigencias futuras "deberán ser derogadas por las respectivas asambleas departamentales o concejos municipales".
Indican que las contralorías departamentales y municipales deben vigilar el estricto cumplimiento de la decisión de los organismos de control.
Explican en una circular emitida conjuntamente con el Ministerio de Hacienda si las autorizaciones que los gobernadores y alcaldes han venido solicitando a las asambleas y concejos, no tienen sustento jurídico.
"Como quiera que no existen proyectos específicos, ni procesos contractuales en curso", dice la circular.
Las mal llamadas vigencias futuras tampoco pueden ser autorizadas en las normas y estatutos orgánicos de las entidades territoriales, precisa la circular.
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