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Terminadas las fiestas de fin de año, en las cuales suelen pasar muchas cosas, aunque no a todas se les da la importancia que merecen, hay que volver a la dinámica realidad de la violencia y la paz en Colombia.
En las dos últimas semanas de diciembre ocurrieron hechos bastante significativos en este tema, entre otras cosas por las sugestivas cifras: por un lado, una de las llamadas ‘Bacrim’ (el Erpac) se sometió a la justicia con casi 300 de sus miembros, que no es una cifra despreciable para este tipo de grupos. Aunque, como ya se sabe, ni siquiera 20 fueron privados de la libertad.
De otro lado, se venció el plazo que estableció la Ley 1424 de 2010 para que los desmovilizados ‘rasos’ de grupos armados al margen de la ley, es decir, aquellos que sólo cometieron “delitos pequeños” que esa ley señala, manifestaran su intención de suscribir el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y la Reparación, con el cual obtienen beneficios como ser condenados pero no ser privados de la libertad.
En este caso fueron más de 24.000 quienes ahora están en fila para acceder a los beneficios de esa Ley.
Como dije, las cifras no dejan de ser llamativas, en especial en este último caso, donde, hasta diciembre de 2010, cuando se profirió la mencionada Ley, se hablaba de 19.000 desmovilizados en el ‘limbo jurídico’ para quienes se legislaba.
Después del fallo de la Corte Constitucional que declaró exequible la Ley, el gobierno, en eventos públicos, hablaba de 8.000 potenciales beneficiarios, pero, hoy el resultado es otro. Entonces, ¿de dónde salen casi 25.000 ex paramilitares dispuestos a acordar beneficios con el gobierno porque sólo han cometido “delitos pequeños” como el porte ilegal de armas?
Las cifras no cuadran. Según datos oficiales, fueron 31.689 personas las que se desmovilizaron tras el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) iniciado en 2003, y sin ahondar en otros números que rodearon el proceso, hoy se tiene que casi el 90% sólo cometió delitos menores, ¿es eso posible?
Si eso es así, el proceso de Justicia y Paz que hoy cuenta un poco más de de 4.000 postulados de las AUC sería casi perfecto en cuanto al número de personas que procesa, ¿es eso sostenible?
Ahora, si en Justicia y Paz ha habido tantos problemas de implementación por motivos como el voluminoso número de postulados, ¿está el gobierno preparado para adelantar acuerdos y la Fiscalía y la Judicatura listas para adelantar los procesos de los más de 24.000 desmovilizados que tendrían que ser procesados y condenados aunque no vayan a prisión?
No se trata de ser pesimista y menos comenzando el año, pero, la experiencia enseña que la eficacia de la justicia en Colombia es inversamente proporcional al número de involucrados en los procesos. Ojala me equivoque y las cifras sean las correctas y las instituciones, esta vez, sí estén preparadas para tanta gente.
En Twitter: @andreasforer
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