La pelea por la Jurisdicción Especial para la Paz

La polémica de la semana pasada se debió a la inconformidad que varios miembros retirados de la fuerza pública expresaron con ocasión de la regulación de la JEP. La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), a través de la vocería del general (r) Jaime Ruiz Barrera, expresó su preocupación por dos temas puntuales: los nominadores de quienes serán los magistrados del Tribunal de Paz y el tema de la responsabilidad del mando. Sobre este último, tal vez el más álgido porque también mueve a organizaciones como Human Rights Watch que no quieren que predomine la impunidad, la pregunta es si los altos mandos deben responder por aquellos crímenes que estuvieron en posición de evitar, así su ocurrencia no haya sido una orden directa.

El punto de tensión es el siguiente: algunos militares han pedido que ese punto se elimine y también han manifestado su miedo a que la jurisdicción internacional, en cabeza de la Corte Penal Internacional, decida entrar a juzgarlos. En síntesis, buscan que se les blinde de la mejor manera posible contra lo que ellos consideran como investigaciones y responsabilidades injustas.

No obstante, el problema con esa lógica es evidente. Empecemos con la intervención internacional. Si, en efecto, en la configuración de la JEP se toman las medidas que busquen blindar a los altos mandos contra esa jurisdicción, ¿no es esa insistencia precisamente motivo de sospecha para que la fiscal de la CPI, que ya ha demostrado interés en el país, considere que hubo un manto inaceptable de impunidad?

La JEP es tal vez el punto más importante para el posconflicto y para construir la legitimidad del proceso de paz ante la ciudadanía. No en vano una de las principales quejas de los colombianos era el tema de la impunidad. En la búsqueda de la verdad todos los actores deben colaborar, incluyendo los militares. Preocupan sus quejas y esa visión apocalíptica de ver las cosas que varios políticos han expresado.

También son irresponsables los testimonios como los de Diego Palacio, que mencionó su interés de someterse a la JEP bajo el argumento de que el cohecho por el que se le condenó tenía que ver con el conflicto. ¿Hasta dónde va a estirarse el marco interpretativo de la competencia de la JEP? No puede convertirse en un instrumento para construir consensos políticos a través de una lavada de manos colectiva.

Vienen, tal vez, los meses más difíciles para el proceso, pues los puntos más delicados de la JEP empezarán a regir y el país tendrá que ver que los crímenes más graves en efecto serán juzgados con penas inferiores a las ordinarias. Es clave para la reconciliación, entonces, que todo el proceso se haga con transferencia y que no quede duda de lo que se gana gracias a ciertos sacrificios.

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