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Este miércoles inicia en la Sala Plena de la Corte Constitucional el estudio de la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos que pide dejar en firme el Decreto Ley 896 de 2017 por medio del cual se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. (Ver: Plan de Sustitución de Cultivos empezará en Caquetá)
En el documento se manifiesta que los términos fijados en el decreto deben ser ampliados para así cobijar a las familias campesinas que dejaron los cultivos ilícitos antes del 1 de diciembre de 2016, fecha en la cual el Gobierno y las Farc ratificaron el acuerdo final de paz.
Para el ponente la fecha limite debe ser más “adecuada y justificada”, por lo que indica que el Decreto debe velar por la “igualdad de todas las familias campesinas que suscriban los acuerdos de sustitución” de los cultivos ilícitos que hay en la mayoría de las regiones del país.
Igualmente, pide que los beneficios que establece el decreto se extiendan a las comunidades afrocolombianas e indígenas. Pero para esto, advierte el magistrado ponente, se deben hacer las respectivas consultas previas con el fin de fijar la ejecución del programa. (Ver: Arranca plan de sustitución de cultivos ilícitos)
El decreto establece las familias campesinas en situación de pobreza que se comprometan a la sustitución de los cultivos ilícitos y que no hayan sembrado después del 10 de julio de 2016 recibirán una serie de beneficios.
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