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Bogotá es reconocida por el manejo sano de sus finanzas. Esto le da un amplio margen de maniobra a la administración que arranca.
El reto que afrontará el nuevo gobierno se sustenta en generar los recursos requeridos para sacar adelante los compromisos en materia de infraestructura y movilidad: el metro, el tren de cercanías, consolidar la tercera fase del Transmilenio e implementar el SITP, sin descuidar los avances en materia de gasto social: ampliar las coberturas y facilitar el acceso a la salud, la educación y los servicios públicos.
El presupuesto de la administración central es de $8 billones, con ingresos tributarios del orden de $4,3 billones, dentro de los cuales el ICA representa el 50% y el predial el 22%. Las transferencias de la nación alcanzan $2,3 billones.
Bogotá presenta un bajo nivel de endeudamiento. El saldo de la deuda pública con respecto al PIB distrital es 1,3%. Este bajo porcentaje, al ser contrastado con los indicadores definidos en la ley 358 de 1997, permite destacar la baja vulnerabilidad de las finanzas del Distrito frente a situaciones que puedan obstaculizar el pago de los compromisos de la deuda actual. En efecto, la razón del saldo de deuda sobre los ingresos corrientes se situó en 29,7% para 2009 (el límite legal es 80%) y la de intereses de la deuda sobre ahorro operacional en 4,2% (el límite legal es 40%), lo cual muestra solvencia y liquidez.
En el marco fiscal de mediano plazo, los gastos de la inversión para el metro de Bogotá y la finalización de los proyectos de infraestructura para el SITP se han estimado en $5,1 billones en 2010, de acuerdo con el Estudio Técnico para el Metro (ETM) y las obras definidas por la Secretaría de Movilidad.
El análisis sobre el financiamiento de la primera línea del metro, de acuerdo con el cronograma de inversiones a realizar entre 2012 y 2017, presenta las siguientes fuentes de recursos: crédito con un tope máximo de $800.000 millones a cargo del Distrito entre 2012 y 2014; vigencias futuras de la Nación definidas en el Conpes 3677 de 2010, y el 50% de los ingresos de la sobretasa a la gasolina desde 2017 hasta 2032. Estas cifras preliminares no pondrían en riesgo el manejo sano de las finanzas de la ciudad.
En conclusión, desde el punto de vista fiscal hay un amplio margen de maniobra para la nueva administración y si se continúa con las políticas que han caracterizado el manejo de la hacienda distrital: énfasis en el control de la morosidad, la evasión y la elusión; mantener actualizada la base catastral; ampliar los servicios virtuales para mejorar el servicio al contribuyente, y potenciar la cultura tributaria por medio del uso eficiente de los recursos públicos, se podrán garantizar mayores ingresos tributarios para adelantar grandes obras con las que se ha comprometido el nuevo gobierno, sin descuidar los avances sociales.
Germán Enrique Nova, subdirector del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional.
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