Génesis

Génesis Rondón fue una de las primeras venezolanas asesinadas en Colombia en 2019. La adolescente, que se encontraba en un municipio cercano a la frontera y tenía 15 años, recibió más de 20 disparos a comienzos de enero. El asesinato de Rosely Fernández, baleada en Medellín mientras manejaba en el barrio Boyacá las Brisas en la semana de la Navidad, es tal vez uno de los últimos asesinatos de venezolanas en 2019. Rosely murió en el carro y la sobrevivieron sus dos niños pequeños, que iban en el asiento de atrás. A ambos asesinatos se suman los de Xiomalbara Blanco, Angelines Ferrer, Liliana Laya, Ana Cairo, Adriana Arismendi, Mariángeles Chourio, Yulimar Pérez, Yoselín Rangel, Guadalupe Morillo, Ranceli Aguilera, Joanna del Valle, Luisana Polo, Camila Pérez, Yesenia Vivero, Doris Ochoa, María Lariccia, Adriana Morales, Roberta Contreras, Dayaner Coronado, Angie Pineda, Diana Leguízamo, Karli Francis Rodríguez, Verónica Carrasquero, Yajaira Salazar, Juveliz Ríos, Yasleydi García, Tiliana Contreras, Doglis Palma, Melisa Reyes, María Rodríguez, Yusbelis Ospino, Yusmary Coromoto, Mayra Vivas, Rosbeiny Justi, Yorelis del Valle, Yannire Blanco, Yeicelin Mora, Karinés Bohórquez, Mildred Aparicio, Miyerlin Bermúdez, Viviana Ramírez, Rubia Bermúdez y quizás otros sin registrar de mujeres y niñas venezolanas durante el año que se acaba mañana.

De acuerdo con una investigación de Diego Batista, publicada en El País de España, 120 mujeres venezolanas han sido asesinadas en países extranjeros en los últimos dos años y medio. La “emergencia”, afirma la investigación, tiene distintas facetas: “Feminicidio, violencia sexual, trata y esclavitud, violencia psicológica, prostitución y explotación laboral, estereotipos, discriminación y xenofobia”. Dentro del marco de violencia contra venezolanas, en Colombia aumentan cada día los casos de violencia intrafamiliar. Aumentan también casos de violencia sexual, que incluye el intercambio de dinero, bienes o servicios por sexo, la explotación y el tráfico sexuales. Las mujeres no tienden a buscar medidas de protección o justicia, ya que desconfían de las instituciones gubernamentales en Colombia y temen la deportación. En este estado de cosas, los datos del ministro de Salud muestran también un alto impacto de la mortalidad materna, el VIH, el cáncer cervical, los abortos inseguros, las heridas por violencia doméstica y la desnutrición entre las migrantes venezolanas.

Es importante recordar que el Estado colombiano ha implementado medidas para proteger a los migrantes, específicamente mujeres y niños: en 2017 la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud que brindara servicios gratuitos de salud materna para todas las mujeres venezolanas sin importar el estatus migratorio, y en 2019 el Gobierno ordenó a todas las instituciones que registren a los recién nacidos de migrantes venezolanos para que puedan convertirse en ciudadanos colombianos. Sin embargo, en conversaciones y discusiones es posible identificar ciertos lugares comunes nacionales frente a las mujeres migrantes: “Las venezolanas son más sexuales que las otras mujeres”, “están dedicadas al trabajo sexual y a ser fáciles”, “son una amenaza para los hombres (y les quitan los maridos a las colombianas)” y “las venezolanas son irresponsables por tener hijos pese a estar en mala situación”.

Este último ha sido defendido incluso por la conocida periodista Claudia Palacios, quien pidió a las venezolanas “dejar de parir” en su columna de El Tiempo el pasado mes de junio. Palacios y tantos otros parten de la base de que las mujeres migrantes pueden decidir sobre su cuerpo y su futuro con total autonomía. Sin embargo, en esta cotidianidad de precariedad, no solo factores individuales sino también interpersonales, comunitarios, institucionales y políticos, incluidas las relaciones de poder, afectan su autonomía. Y son todos estos estereotipos los que exacerban los casos de xenofobia y violencia contra las mujeres venezolanas.