¿Dictadura de las Altas Cortes?

Temo que se apruebe, finalmente, una reforma mediocre, para ser luego afinada o modulada para consolidar los poderes de las Altas Cortes, o declarada inconstitucional, con lo cual se confirmaría la nociva preponderancia de unos magistrados elegidos a dedo, sobre un Congreso y un Ejecutivo elegidos por voto popular.

Lástima grande que una reforma a la Justicia no precise el ámbito y el alcance de las tutelas contra las sentencias, limite la inseguridad jurídica, designe una Corte para el cierre de las demandas. Apremia restringir las tutelas a los derechos fundamentales tras eliminar eso de que también se extienden a los derechos conexos, los cuales pueden cobijar todos los abusos, por ejemplo, conectar salud con alimentación, estética…

Carece de sentido que Cortes, Jueces y Tribunales anarquicen el derecho con sus sentencias en hacienda, salud, administración… con precipitación e ignorancia de los temas. Medio millón de tutelas se presentan por año y abruman el sector judicial, de las cuales un 45% aproximadamente se relaciona con la salud.

Los contratistas de obras públicas inculpan con frecuencia a las tutelas irracionales de los atrasos en sus obras. Así sucede, los gobiernos realizan las expropiaciones legalmente y con las tutelas se entraba el inicio de las obras para adecuar la infraestructura para atenuar los inviernos.

Es de esperar que la reforma final logre eliminarles a las Altas Cortes la facultad de participar y de elegir los funcionarios del sector judicial. En casi ningún sitio del mundo gozan estas Cortes del nocivo privilegio de la cooptación o autonomía de los miembros de una corporación pare elegir sus propios integrantes. La cooptación fue una de las características del fascismo.

También es de esperar que a los congresistas les acepten apelar sus juicios. La Corte Constitucional actúa hoy como acusadora, como juez y punto final. Esta práctica existe tan sólo en gobiernos como el de Hugo Chávez. La Justicia para los magistrados de las Altas Cortes y altos funcionarios del poder Ejecutivo a cargo de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, no sirve para tal fin. Con fina ironía se la designa como “Comisión de Absoluciones”. No parece conveniente crear más cortes para reemplazarla. Ojalá le encuentren una solución efectiva a esta compleja clase de impunidad.

En algún programa de radio le escuché afirmar al magistrado Jaime Arrubla afirmar que sobre unos 2.400.000 expedientes que tenía represados nuestra inoperante Justicia, una tercera parte aproximadamente correspondía a temas financieros, como moras en deudas, arriendos… Estos temas se resuelven en casi todos los países desarrollados en menos de un mes.

Creo haber entendido que una posible solución estriba en que los notarios y algunos abogados puedan entrar a dictaminar sobre temas financieros de pormenor, a dirimir conflictos menores. No creo que implique privatizar el retirar estos procesos de la rama judicial a la manera de otros países.

Ojalá incluya la reforma el Fuero Militar, o sea, la Justicia para diferenciar las bajas en combate de los crímenes frecuentes. Entre tanto, cabe preguntarnos, si la inoperancia de la Justicia, ¿es acaso tan nefasta como las narcoguerrillas?