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El episodio del expediente Álvaro Uribe en la Corte Constitucional es uno de los casos que más tensión ha generado dentro de la Sala Plena durante los últimos años. Roces entre los magistrados, graves denuncias de filtraciones, declaraciones en prensa que terminaron en recusaciones o disculpas públicas y llamadas de expresidentes a los mismos togados. Una serie de eventos que pusieron en tela de juicio una decisión del alto tribunal y que hoy, dos meses después, sigue teniendo efectos colaterales que podrían tumbar el fallo. El abogado del expresidente presentó una nulidad para dejar sin piso la sentencia que determinó que Uribe debía seguir su proceso penal en calidad de imputado.
Mientras el proceso penal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos entra en su recta final, el expediente en la Corte Constitucional sigue vivo por el recurso que puso el abogado del expresidente, Jaime Granados. El documento de más de 70 páginas, que será conocido por la Sala Plena, excepto por el magistrado Alejandro Linares, ponente del proceso y hoy denunciado, tiene la finalidad de tumbar la decisión emitida meses atrás. Los argumentos que quedaron expuestos en 11 puntos, básicamente, relatan una supuesta falla en la imparcialidad e independencia judicial de los magistrados. Lo que buscan es que el caso se vuelva a debatir en la Sala.
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Los argumentos de Uribe para tumbar el fallo
Todo este laberinto judicial llegó a la Corte por cuenta de una acción de tutela que interpuso el abogado Granados aduciendo que no se podía equiparar la imputación de cargos a la indagatoria que rindió el exsenador ante la Corte Suprema de Justicia. El expediente que empezó en el alto tribunal, bajo la Ley 600 del 2000, pasó a manos de la Fiscalía, regida bajo la Ley 906 del 2004, una vez Uribe renunció a su curul en el Congreso porque consideró que no había garantías para enfrentar su proceso. Así, lo que Uribe buscaba con la tutela es que no se acreditara su calidad de imputado ante la Fiscalía, algo que la mayoría de la Corte no estuvo de acuerdo y estipuló que la imputación podía equipararse a la indagatoria.
En pocas palabras, Granados pide que se le respete el derecho al debido proceso al exsenador porque, en su caso, se presentaron irregularidades previa y durante la discusión de los magistrados de la Sala Plena. Uribe y su defensa hacen referencia a varios episodios de filtración de información que se dio cuando estaban discutiendo la ponencia. Fue tan grave la situación que fuentes cercanas a la Corte explicaron que alguno de los nueve magistrados estaba transmitiendo en vivo y en directo la discusión, algo ilegal pues se trata de reuniones reservadas. La solución que tomó la Sala Plena fue reunirse en el Palacio de Justicia sin ningún aparato electrónico que les permitiera tener contacto con el exterior.
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Esta situación no fue ajena al abogado Granados y dio pie para que en el documento que hoy reposa en la Corte considere que se le vulneró el derecho al exsenador y no se respetó la reserva del expediente. El abogado documentó que, inicialmente, se dio a conocer de forma anticipada a la opinión pública el sentido de la ponencia y con ello el texto completo. Igualmente, según su relato, quedó en evidencia la postura de cada magistrado frente al expediente. “La filtración de información sobre el sentido de la ponencia, los detalles de la deliberación, el sentido anticipado de los votos, supuestas presiones externas, sin duda alguna, en lo que es un hecho lamentable, tuvo que venir del interior mismo de la Corte y, muy probablemente, de algunos de sus magistrados”, resalta el incidente de nulidad.
Para el abogado, la “burda” vulneración de la reserva del proceso no fue un “acto neutro”. Estima que por cuenta de esa situación se inició una campaña de presión mediática contra los magistrados, especialmente, aquellos que estaban a favor de tutelar los derechos del expresidente Uribe. “En el caso particular de la magistrada Gloria Ortiz, se expusieron ante la opinión pública aspectos de carácter personal y familiar a fin de dar a entender que estaría condicionando su apoyo a la tutela, para obtener posibles beneficios personales. Su voto, que inicialmente, fue expuesto como contrario a la ponencia, terminó siendo en el sentido contrario”, dijo Granados en el texto.
Además de ello, la defensa de Uribe explica en su documento que también se filtró a los medios de comunicación la supuesta “presión, influencias y amenazas” en contra de varios magistrados para que fallaran a favor y en contra del expresidente. No obstante, lo que dice Granados es que de haber sido así, esa situación no fue denunciada, y, por el contrario, se “prefirió” que se generara un ambiente “enrarecido” ante la opinión pública mientras se discutía a puerta cerrada el tema. “Ante la sociedad colombiana, por lo acontecido, la decisión carece de legitimidad, quedando muchas dudas sobre el proceder de la Sala Plena de la Corte y sobre, la estricta juridicidad de sentencia”, resaltó.
Para Granados está claro que lo ocurrido en el proceso de deliberación y posterior aprobación de la ponencia del magistrado Linares carece de imparcialidad debido a que, a su juicio, se fomentaron conductas desde el interior de la Corte que llevaron a condicionar públicamente la posición de cada uno de los magistrados con el fin de guiarlos a una eventual aprobación de la ponencia. “Acaso puede decirse que obra con imparcialidad un juez colegiado que antes de tomar la decisión filtra la ponencia a los medios, revela cuál es la posición de sus compañeros, revela los detalles de lo sucedido en las deliberaciones, todo eso a fin de generar presión social y mediática para lograr que se decida en un sentido determinado”, expone el incidente.
De acuerdo con la defensa de Uribe, es claro que la actuación irregular que denuncia en su documento tuvo un efecto decisivo en la sentencia. “El cuestionamiento y las dudas legítimas sobre la imparcialidad e independencia sobre la cual se adoptó la sentencia no es una percepción subjetiva del accionante, sino que se evidencia en los propios comunicados de prensa que expidieron tres de los nueve magistrados que integran la Sala en donde en un hecho sin precedentes tuvieron que salir, públicamente, a aclarar que la decisión se había adoptado de forma imparcial y con independencia”.
Las llamadas de expresidentes
Dos meses después de emitida la decisión, la defensa de Uribe destapó sus cartas con el incidente de nulidad que presentó ante los ocho magistrados de la Sala Plena que analizarán de fondo el documento. Linares, en esta ocasión, no participará del debate porque la ley dice que todo juez denunciado por alguna de las partes en el proceso no deberá conocer de la discusión y se tendrá que declarar impedido. Sobre el entonces ponente pesa una denuncia que interpuso el equipo de abogados del exsenador Uribe. El documento reprocha una supuesta llamada del expresidente Juan Manuel Santos a miembros del alto tribunal, un hecho que para la defensa de Uribe es ilegal.
(En contexto: Uribe denuncia a Santos y a un magistrado por supuesta llamada sobre su caso)
“Linares y Santos mancharon la dignidad de la justicia y deben ser investigados penalmente por ello”, resaltó el recurso que interpusieron ante la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones del Congreso. La denuncia en contra de Linares llegó luego de que él, en ronda de medios, anunciara que algunos de sus compañeros recibieron llamadas de expresidentes. “Afortunadamente como ponente no recibí llamadas ni reuniones con ninguno de los expresidentes”, resaltó en su momento el magistrado, quien días después pidió excusas públicas por los señalamientos que hizo, y aseveró que no tenía pruebas de esas supuestas comunicaciones.
Además de Linares, el magistrado Alberto Rojas Ríos también se quedará por fuera de esta discusión. El jurista que respaldó al exsenador y consideró que sí hubo vulneración de derechos, culmina su periodo el próximo 22 de febrero, por lo que debe abandonar su cargo. En su lugar quedará la magistrada Natalia Ángel, que tomará posesión en abril. En ese orden, los magistrados que entrarían a debatir el caso Uribe son: Gloria Ortiz, Cristina Pardo, Diana Fajardo, Natalia Ángel, José Fernando Reyes Cuartas, Jorge Enrique Ibáñez, Antonio Lizarazo y Paola Meneses. Un tema, en todo caso, de la más alta delicadeza, pues el recurso de Granados evidenció una problemática filtración de la Corte y una grave cercanía de expresidentes con los magistrados del más alto tribunal constitucional del país.
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