Santos y la igualdad

Aunque algo ha avanzado, la asignatura pendiente de la región es la inequidad. Y en este vecindario de desigualdad, Colombia tiene una marca mayor. En nuestro país al 40% más pobre apenas le toca el 12% de los ingresos. Medida con el índice Gini, Colombia sale la segunda más desigual en la región después de Guatemala, y si se toma otro índice, el Atkinson, nuestro país es el vergonzoso rey de la concentración del ingreso. No hemos conseguido bajar el número de pobres ni en un 10% en casi una década próspera, y todavía tenemos a siete millones de compatriotas viviendo en la miseria.

Dice la Cepal que el factor que más contribuye a la igualdad es que disminuyan las diferencias en los ingresos por trabajo. Ayuda que haya más empleados: el índice de desempleo es el más bajo de la década en Colombia. Además, por consenso se decretó un aumento en el salario mínimo de 5,8%, dos puntos por encima de la inflación, una ganancia real que contribuye a la igualdad.

Pero 43 de cada 100 colombianos están ocupados por cuenta propia, y sus ingresos no mejoran por decreto. Podrían mejorar, por ejemplo, si tuviesen más años de estudio. Pero si en algo se rajó el Gobierno este año fue en educación. Después de protestas y paros nacionales, Santos anunció que ahora sí se iba a tomar en serio la equidad en este sector. Habrá que ver con qué sale, pero un Gobierno que no ha puesto al mejor ministro con el mayor presupuesto posible para metérsela toda a educación deja dudas sobre qué tan de veras está comprometido con las metas de justicia social.

También dice la Cepal que las transferencias directas en dinero efectivo a los más vulnerables han contribuido a una distribución más justa del ingreso. En Colombia este factor ha ido pesando más, aunque, como en el resto de la región, los sistemas de protección social distan de ser inclusivos. Por eso algunos pasos del gobierno Santos son acertados: fortalecer la institucionalidad social, ampliar y equiparar los planes obligatorios de salud y regular con severidad a las EPS; y poner en marcha la Ley de Víctimas, con su audaz capítulo de restitución de tierras. Pero sólo en 2012 empezaremos a ver si estos cambios, por ahora formales, consiguen logros concretos.

Además, estas iniciativas estarán mejor financiadas si, como anuncia, la DIAN recupera una buena tajada de los 6,5 billones de pesos que roban los evasores cada año al Estado. Y también lo estarán por los millones que entrarán con las regalías mineras, sobre las cuales el Gobierno dice que tendrá un mayor control con su recién aprobada reforma. Pero hasta no verla en acción no se puede vaticinar si se van a aprovechar socialmente las anunciadas mieles de la bonanza minera. Deberá evitar que el esfuerzo fiscal se siga perdiendo en corrupción.

Un país más equilibrado en lo económico y lo social podrá mejorar la convivencia, será capaz de desplegar el potencial productivo y creativo de las personas, de hacer respetar los derechos y enaltecer la dignidad de pobres y ricos, pues los primeros se sentirán menos discriminados y los segundos, más legítimos.