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Por falta de pruebas, un juez se abstuvo de emitir medida de aseguramiento en contra de los cinco implicados por el carrusel de las cirugías en Antioquia. Se trata del contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga; el exdirector del Hospital La Maria, Wiliam Marulanda Tobón; su hermana, Yurani Marulanda Tobón; el ex subdirector médico, Diego Ceballos y el coordinador financiero, Roberto Suescún. Los investigados podrán continuar vinculados a la investigación en libertad, pero no podrán salir del país.
Dentro del proceso penal, La Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por omisión. Los cinco investigados habrían estado inmersos en hechos de corrupción corrupción por la realización de más de cien cirugías plásticas en este hospital público y en donde no se habrían pagado parte o la totalidad de los servicios prestados.
Según la Fiscalía estas personas incluso habrían hecho pasar estas cirugías plásticas por intervenciones cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud. La Fiscalía apeló la decisión por lo que un juez de segunda instancia en los próximos días será quien se encargue nuevamente de ratificar o rectificar la postura del juez de control de garantías.
Por su parte, la defensa del contralor aseguró que este no es un peligro para la sociedad y que ni siquiera se le debe dictar medida de aseguramiento domiciliaria. Y pidió al juez “no tomar una decisión basada en lo que dicen los medios de comunicación”.
El fiscal aseguró que el contralor se declaró impedido en febrero pasado para hacer la auditoría a La María, donde se practicó una intervención estética en abril de 2016. Pero, agregó, en la auditoría del año anterior, entre abril y junio, Zuluaga tuvo la oportunidad de evidenciar las irregularidades de estos procedimientos estéticos, algo que, según el funcionario del ente investigador, no hizo.
El abogado de Marulanda sostuvo que las cirugías estéticas hacían parte de estrategias de mercadeo para superar las dificultades económicas que afrontaba La María y dijo que eran parte del programa “particulares especiales”. Aceptó que el descuento para quienes se realizaran las cirugías estéticas superaba el 50 % y que esa oferta aplicaba para cualquier ciudadano. Por su parte, el fiscal señaló que la fecha de las facturas presentadas son posteriores a la del momento en que los implicados en la investigación se realizaron las cirugías .