El desperdicio de los recursos

El Fondo de Ciencia y Tecnología se diseñó con el objetivo noble de permitir que las regalías se repartieran para apoyar proyectos de investigación en las regiones. Era, en el mejor de los casos, una apuesta por ayudar a construir un país que cree en sus académicos y el desarrollo del conocimiento. Sin embargo, desde el principio se advirtió que había una falla estructural, pues los proyectos serían coordinados por las gobernaciones, lo que corría el riesgo de someter proyectos que deberían ser de mediano y largo plazo a consideraciones cortoplacistas y, hay que decirlo, politiqueras.

Hoy sabemos que precisamente eso fue lo que terminó ocurriendo. Según la Contraloría, muchos de los recursos que sí se ejecutaron se destinaron “a establecimientos que no cuentan con dichas características, como un asadero de pollos y un spa”. En el Cauca, por ejemplo, un proyecto de $16.000 millones destinó parte de sus recursos para un asadero de pollos y un spa. En Vichada se aprobó una iniciativa para construir un centro de formación e investigación en energías renovables por $32.917 millones, pero durante su ejecución “modificaron el alcance del proyecto”. En Córdoba, al auditar diez proyectos hicieron hallazgos fiscales por cerca de $30.000 millones.

El contralor, Edgardo Maya, explicó que “la Contraloría considera crítico que en la práctica existen 33 fondos de ciencia y tecnología y no uno, que el peso fundamental de las decisiones se concentra en los gobernadores y que la inmensa mayoría de los recursos está en departamentos que no cuentan con las capacidades en ciencia y tecnología que les permitan invertirlos de manera pertinente y eficaz”.

Al respecto, y en la misma línea, Álvaro Zerda, académico de ciencias económicas de la Universidad Nacional, argumentó que “la destinación de los recursos que se hace con criterios más políticos que científicos y técnicos lleva necesariamente al resultado que ha mostrado la Contraloría, que es dispersión en la utilización de los recursos, ineficiencia en su utilización, pero también en el desarrollo de los proyectos aprobados”. Es decir, el problema está más que diagnosticado.

Por eso preocupa que el Gobierno, al ver que hay una subejecución de recursos, causada precisamente por la falta de capacidad de las regiones para formular proyectos viables, proponga destinar el presupuesto para la construcción de infraestructura. Lo dijimos en su momento y lo repetimos ahora: esa no es la solución.

Para cumplir el sueño de “Colombia la más educada” y para fortalecer la economía del país hay que crear un ambiente donde los académicos puedan dedicarse a la investigación y la creación de conocimiento. No sólo en Bogotá, sino en todo el país. Para eso se necesitan, sí, recursos, pero también acompañamiento; apoyo para que las regiones desarrollen las habilidades necesarias y el dinero llegue a sus investigadores. Tenemos un problema serio que necesita un compromiso integral para que todos los líderes políticos entiendan las bondades de invertir en la investigación académica.

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