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Lo dijo el presidente de la Corte en la FM. La cosa es grave. Ya habrá un puñado de asesores hablando a los oídos del presidente. Que la frase es exagerada. Que la Corte quiere mantener privilegios. Que patatín y que patatán.
Pero más allá de los contraargumentos, no es posible minimizar la situación. La sola investidura de quien emite un enunciado de ese tamaño, que de todos modos es síntoma de un grave sentimiento de la Rama, exige atención extrema.
Además, a estas expresiones se suman las voces del procurador, la fiscal y dos altas cortes, en carta de antier que carece de antecedentes recientes. En ella se critica la pérdida de independencia de la administración de justicia. Tampoco convence la reforma a los funcionarios judiciales, las ONG de derechos humanos y muy buena parte de la academia.
En lo que no se puede equivocar el Gobierno es en el diagnóstico de la situación. El problema no es técnico. No se arregla con un inciso allí, una peluqueada allá, una eliminación acullá. No es cosa de seguir en este febricitante caleidoscopio de ideas que duran 12 horas, para ser reemplazadas por otras cuya caducidad es aún más precaria. Hay un alto grado de improvisación.
El diagnóstico es otro: hay una sociedad dividida frente a la justicia. Algunos califican a los jueces como factores de desestabilización política en cumplimiento de un siniestro complot. Y, por el otro lado, sus enemigos quieren ver a todos los colaboradores del gobierno anterior en la cárcel. Así, el espectáculo no puede ser más alarmante: una justicia zarandeada por toda clase de intereses políticos. No es que las cortes se hayan politizado. Es que los contendientes las han sacado a bailar el más peligroso de los sones. La reforma a la justicia es, en verdad, una reforma al poder. Una repartición de la torta del poder, particularmente en el campo punitivo. Promotores, destinatarios y víctimas no salen del pequeño círculo de la élite política. Los personajes con fuero son apenas 1.117. Los temas son importantes, pero para tocarlos se necesita un cierto grado de comunidad ética. Una mínima confianza. Mientras no se doble la página de la parapolítica y de los escándalos recientes de corrupciones que involucran a personajes con fuero constitucional, no tendremos los mínimos de confianza democrática que exige una operación de esa naturaleza.
El presidente Santos ha dicho que la carta ha errado su destinatario. Que es el Congreso el escenario de la discusión. Tiene razón, pero también es inocultable que el Gobierno lleva la voz principal. Primero, porque fue él mismo el que convocó el consenso. Segundo, porque sus mayorías en el Congreso tienen proporciones bíblicas. Y, por fin, porque dado el carácter estratégico de la justicia, el liderazgo presidencial es indispensable y deseable.
El Gobierno debería aprovechar la pausa navideña. Medite en estas épocas de tranquilidad espiritual. Logre un consenso sobre los elementos positivos de la descongestión, que los hay, y permita que el resto se aplace. Habrá temor porque se interprete esto como una derrota para el Gobierno. Pero es peor que salga derrotada la justicia, que la credibilidad de ella disminuya y que las soluciones que se adopten queden al vaivén de sospechas mutuas, sean ellas justificadas o no.
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