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El consejo comunitario Nueva Esperanza contiene historia pura entre sus venas, pues son descendientes directos de los primeros africanos que llegaron al Pacífico nariñense. Por siglos han convivido cerca del municipio de Barbacoas, frontera con Ecuador, desarrollando sus actividades de pesca artesanal, siembra de cultivos de pan coger y minería con técnicas tan antiguas que pueden encontrarse en libros de la Corona española. Sin embargo, las dinámicas de la guerra los ha obligado a confinarse, desplazarse y resistir a métodos despiadados, como asesinatos, masacres y desmembramientos. Ahora, una demanda de restitución es la nueva promesa de paz para una comunidad olvidada por el Estado.
El Juzgado Segundo Civil de Pasto admitió la demanda presentada por la Unidad de Restitución de Tierras en nombre del consejo Nueva Esperanza, a finales de octubre pasado. Entre las solicitudes está declarar firmemente a estas comunidades negras como víctimas del conflicto armado y comprometer a la Fuerza Pública a contrarrestar este enclave de narcotráfico con salida al océano Pacífico. Unas 536 familias, integradas por más de 1.600 personas, esperan una respuesta positiva de la justicia, para convivir en paz en un territorio de 14.821 hectáreas. La superficie de la tierra es un poco más grande que toda la zona urbana de Medellín. Con la demanda esperan que estos límites sean claros, tanto para la población civil como para los armados.
Los 55 kilómetros de la vía principal que conduce de Barbacoas al municipio de Junín son transversales al territorio y a la historia de Nueva Esperanza. Primero, la Corona española los obligó a transportar el oro por allí y, tras la Independencia, esta permaneció como ruta de mercadeo. Tan central en el consejo comunitario como la vía NQS-Autonorte en Bogotá. No obstante, desde los ochenta, es corredor estratégico para los grupos armados en su intención de controlar las rutas de salida y entrada al océano Pacífico y la frontera con Ecuador. La ruta ha estado en permanente disputa por FARC, ELN, paramilitares, Rastrojos, Águilas Negras y Clan del Golfo. “De Carcuel (una de las veredas) hacia arriba, uno mira casas cerradas, viejitas y abandonadas, y son de gente que vivía ahí y le toco irse, gente que se fue a buscar mejor vida”, señala uno de los testimonios incluidos en la demanda.
Según el Registro Único de Víctimas, desde 1991, 40.465 víctimas han sido desplazadas en Nariño. En particular, la oleada de violencia inició en el territorio de Nueva Esperanza en los ochenta, cuando las FARC iniciaron su tránsito por la vía entre Barbacoas y Junín, haciendo propaganda sobre su proyecto político. Al tiempo, un grupo criminal denominado “de Mauricio”, implementó los homicidios, secuestros y extorsiones. Las víctimas eran abandonadas en la carretera como amenaza para quienes se resistieran. A mediados de los noventa entró el ELN a disputar territorio con las FARC, las cuales, a su vez, arremetieron de tal manera contra la Fuerza Pública, que la expulsó de Barbacoas en 1998.
Por si fuese poco, entre 1999 y 2000 las Autodefensas Campesinas de Colombia se sumaron a la disputa por las rutas de narcotráfico y consigo trajeron desplazamientos, masacres, restricción a la movilidad y despojos. De hecho, individualmente miembros de Nueva Esperanza llegaron a interponer más de 40 solicitudes de restitución en la Unidad de Restitución. Las autodefensas de alias Julio Castaño ubicaban hasta 800 hombres en la carretera y persiguieron enemigos a toda costa. “Hubo un comentario de un soldado de Barbacoas, que a él lo cortaron vivo con motosierra en medio de la gente. Entonces ahí termina el ciclo de las FARC y comienza el de los paramilitares”, señaló otro entrevistado.
Mientras las autodefensas se desmovilizaban, en 2005, la guerra trajo coletazos como el asesinato a través de mina antipersonal de Salomé Cortez, quien era cantadora y gestora cultural de Nueva Esperanza. Al tiempo, Rastrojos y reductos paramilitares, que luego se convertirían en el Clan del Golfo, tocaron las puertas del consejo comunitario. En total, la Unidad de Restitución pudo documentar hasta 101 hechos violentos de diferentes grupos. Entre los hechos más recientes, el desmonte de minas antipersonas por parte del Ejército, el asesinato de indígenas vecinos por parte del ELN y el desplazamiento forzado de familias, por parte de un comandante que opera en la frontera de alias “Santiago”.
Los miembros de Nueva Esperanza ni siquiera tienen derecho a caminar con tranquilidad. “La gente no se mete mucho al monte a cortar árboles por ciertas partes, porque dicen que ellos andaban por allá. Y todo eso minado. Como dicen que las minas por más viejas que estén funcionan”, concluyó otra miembro de la comunidad. Aparte, están situados justo en uno de los enclaves productivos de coca en Colombia, reconocido por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). Solo en Barbacoas, en 2022, se identificaron 3.773 hectáreas, en un departamento que registró 59.746 hectáreas. Las consecuencias para la comunidad se miden en deforestación, contaminación de fuentes hídricas y, por supuesto, la pérdida de la calidad de vida.
Con estos argumentos, la Unidad de Restitución le solicitó al Juzgado Civil de Pasto que garantice los derechos territoriales del consejo Nueva Esperanza. Entre las pretensiones está que la Agencia Nacional de Tierras instale en sitios estratégicos vallas alusivas a los límites de las tierras colectivas y se encargue de sancionar a invasores u ocupantes indebidos. Además, que la Unidad de Reparación a las Víctimas formule un plan para reparar los daños y afectaciones identificadas, que el Centro Nacional de Memoria Histórica documente los antecedentes históricos del conflicto en esa zona y que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz adelante un plan para desinstalar las minas antipersona. Ahora, la esperanza de esta demanda depende de la justicia.
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