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Este martes inició su recorrido en el parlamento la nueva Ley de Fronteras con la que el gobierno de Boris Johnson pretende frenar no solo la migración irregular, también las mafias que transportan a los migrantes hacia Reino Unido. Organizaciones internacionales advierten que la iniciativa puede revertir décadas de trabajo a favor de los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo.
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¿Qué propone el Gobierno?
El proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras es la última medida introducida por el gobierno de Johnson para “arreglar el sistema de asilo roto”, dijo a ministra del Interior, Priti Patel.
“Esta ley proporciona lo que los ciudadanos británicos han reclamado una y otra vez: que el Reino Unido recupere el control de sus fronteras. Acabará con el negocio de las bandas que facilitan viajes ilegales y peligrosos al Reino Unido y acelerará la expulsión de todos aquellos que no tienen derecho a estar aquí”, agregó Patel.
La iniciativa incluye propuestas como crear un delito por la entrada ilegal al Reino Unido, daría un margen importante a las autoridades para facilitar arrestos, y permitiría el traslado del migrante a un país seguro mientras se procesa su solicitud de asilo, entre otras medidas. Estos son algunos de los puntos claves del proyecto:
- “Hacer todo lo posible para expulsar a quienes ingresan ilegalmente al Reino Unido tras haber atravesado un país seguro en el que podrían y deberían haber solicitado asilo”, se lee en la página web del Gobierno.
- Aumentar el castigo para los traficantes de personas que faciliten la entrada ilegal al Reino Unido. (Se podrían enfrentar a cadena perpetua).
- “Reformar el sistema legal y de inmigración para hacerlo más justo, con acceso más rápido a la justicia para ayudar a prevenir la necesidad de reclamos legales de última hora”, informó el Gobierno.
¿Qué dicen las organizaciones de derechos humanos?
Algunos grupos humanitarios advierten que este proyecto puede abrir la puerta para que los solicitantes de asilo sean recluidos en centros de detención en otros países, donde muchas son hacinados, sin acceso a agua potable o alimentación.
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“Nuestro análisis encontró que la legislación del gobierno conducirá a que hasta 14.200 personas sean retenidas en centros de recepción que podrían estar en alta mar, en el extranjero”, se lee en un comunicado emitido por Refugee Council.
¿Es viable el proyecto?
“Desde una posición puramente legal, no hay forma de que estos planes realmente se puedan implementar”, dijo Michelle Pace, profesora de estudios globales en la Universidad de Roskilde en Dinamarca y miembro asociado de Chatham House, al New York Times. Pace explicó que cualquier política que implique la expulsión de solicitantes de asilo violaría la Convención de las Naciones Unidas sobre los refugiados.
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“Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, en el caso del Reino Unido, ¿a quién se dirige realmente Priti Patel aquí?”, agregó Pace, señalando la presión pública sobre un gobierno cada vez más adopta medidas antiinmigrantes.
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