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«Ellos los mataron, que paguen por sus crímenes. Ellos, los golpistas, asesinaron a estos hermanos nicaragüenses. Que paguen por sus crímenes», afirmó Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa del mandatario Daniel Ortega, a través de medios del Gobierno.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, y la Policía Nacional, reconocieron esta mañana que al menos 197 personas han muerto en las protestas que iniciaron el 18 de abril, una cifra inferior a las 266 de la oficialista Comisión de la Verdad.
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Las cifras oficiales también son menores a las de fuentes independientes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha reportado 317, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), con 305, y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), con 448.
La también primera dama alegó que las muertes se dieron durante un intento de golpe de Estado contra su esposo, y aseguró saber quiénes lo ejecutaron, aunque no identificó a los autores.
«Sabemos quiénes fueron, quiénes dirigieron, quiénes promovieron, quiénes financiaron y quiénes ejecutaron el golpe de Estado, el intento de golpe», insistió.
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La CIDH ha advertido que Nicaragua vive una «tercera fase» de la represión gubernamental, «más ruda, más explícita y burocrática», que es la «criminalización de manifestantes».
CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias», lo que el presidente Daniel Ortega ha negado.
«Condenamos todas las violaciones a los derechos humanos que sufren nuestros compañeros», sostuvieron los estudiantes.
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