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La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano, la Asociación Nacional Médica Sindical, la Asociación Nacional de Internos y Residentes y la Federación Colombiana Médica Estudiantil enviaron el pasado 26 de noviembre una carta abierta al presidente Duque, en la que le solicitan “una audiencia para concertar prontas y definitivas soluciones conjuntas que permitan recuperar la confianza de nuestros compatriotas en el sistema que debe salvaguardar los más preciados de sus bienes jurídicos tutelados”.
Previamente, en la introducción del documento, aluden a que “por las características de nuestro ejercicio profesional, somos receptores del incesante clamor que proviene de nuestros pacientes y de los diversos trabajadores, que han visto afectados sus derechos fundamentales a causa de la preocupante crisis en que ha venido inmersa la salud de los colombianos y demás residentes en el país, desde hace varias décadas”. Agregan que “la salud y la vida de los colombianos, así como la dignidad laboral de los trabajadores del sector, ambos tópicos contenidos en la Ley Estatutaria de la Salud, ameritan un actuar coordinado, así como un interés unificado y decidido por cuenta del Gobierno nacional, sus carteras ministeriales y organismos de inspección, vigilancia y control, y de los entes territoriales que conforman el país”.
Finalizan afirmando que “somos conscientes que solo uniendo esfuerzos y aportando propuestas para resolver tan compleja situación, podremos entre todos hallar solución de manera coherente a un sistema que ha sido saqueado por los diferentes carteles de la corrupción”.
El presidente Duque posiblemente delegó al ministro de Salud para atender el contenido de la misiva de los gremios médicos, porque estos fueron convocados a la sede del ministerio, con presencia de los viceministros, el 3 de diciembre, y acordaron establecer el mecanismo de la mesa de conversación sobre la agenda planteada.
Como el marco jurídico no puede ser otro que el contenido en la Ley Estatutaria de Salud de 2015, el presidente Duque y su gobierno tienen la oportunidad histórica de corregir el despropósito de la Ley 100, que convirtió la salud en un negocio que, después de 26 años, ha sumido al sistema en la más abyecta corrupción, caracterizada por la desviación de los recursos aportados por los ciudadanos, mediante la negación sistemática de los servicios y de los medicamentos a que tienen derecho.
Esta columna, tanto en El Tiempo como en El Espectador, ha descrito desde 1994 las falencias de la Ley 100, y por eso fue oportuno citar los apartes pertinentes de la aludida carta del gremio médico al presidente Duque.
Parche I. El senador Petro está cumpliendo la amenaza de perdedor de utilizar sus tretas de militante del M-19, “todos los medios de lucha”, contra el gobierno del presidente Duque, sin considerar el daño infligido con su conducta a toda la nación.
Parche II. El presidente Duque documentó, en la entrevista de Claudia Palacios, que su gobierno ha hecho en 15 meses más por los acuerdos de paz (con las ejecutorias del consejero Emilio Archila) que el gobierno anterior, que dispuso de 20 meses después de la firma de tales acuerdos.
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