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La construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 está en su recta final. Se trata del documento más importante para la gestión del Gobierno, que deberá ser presentado el próximo 7 de febrero en el Congreso, para ser aprobado a más tardar en mayo, según lo indica la ley. Ese texto es clave pues, allí se materializan los objetivos y propuestas de campaña, así como las prioridades de la actual administración, no solo en términos estratégicos sino también de recursos e inversión.
“Es un instrumento que se articula con lo que dijo Petro como candidato. Los ciudadanos votaron por esas propuestas, entonces, eso es lo primero que debe recoger el PND”, dice Sebastián Lippez de Castro, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. El Gobierno ya presentó el borrador de ese documento, que plantea cinco objetivos o transformaciones para el país: ordenamiento territorial, seguridad humana y justicia social, derecho a la alimentación, transición energética y justicia ambiental, y, convergencia regional.
Esas bases ya están en manos del Consejo Nacional de Planeación, la instancia encargada de evaluar el PND y formular su concepto y recomendaciones, lo que deberá hacer antes del 10 de enero. Así las cosas, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ya avanza en las reuniones para dejar listo el articulado e incluir los últimos detalles tras las recomendaciones de “los gremios, ministerios, gobernaciones y alcaldías”, cuenta Jorge Iván González, director del DNP. Igualmente, deberán tener en cuenta los Diálogos Regionales Vinculantes: “No podemos salir con una propuesta distinta a lo que la gente planteó en los territorios, sería un desastre y una falta de respeto”, dijo Luis Fernando Velasco, consejero presidencial para las Regiones, a El Espectador.
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Diálogos Regionales, ¿vinculantes?
De acuerdo con el DNP se realizaron 51 diálogos en distintas zonas del país, participaron más de 250 mil colombianos y se recogieron más de 87 mil propuestas, por lo que el reto ha sido sistematizar todo eso y que los territorios puedan ver interpretados sus problemas en el documento. “Estos ejercicios con amplia participación crean muchas expectativas en la población, por lo que mantener las propuestas va a ser interesante, es decir, que la gente no sienta que perdió el tiempo”, explica Camilo Clavijo, experto en ordenamiento territorial, quien asistió a los Diálogos Regionales.
Sin embargo, el Gobierno ha dicho que con las propuestas recogidas querían “inspirar las bases”, por eso, para Lippez, el objetivo de esas jornadas fue profundizar en las propuestas que ya se tenían en mente para el PND: “Es relativamente innovador porque buscaron las voces de las comunidades”. Sin embargo, “lo de ‘vinculantes’ es una idea un poco retórica pues, legalmente eso no tiene mucha incidencia. Hace parte de la aproximación política de este Gobierno sobre ‘darle voz al pueblo’, pero, eso es relativo, pues hay instancias y autoridades que son las que realmente revisan y aprueban el texto”, dice.
Para los expertos no deja de ser positivo que se amplíe la discusión nacional sobre el proyecto, con eso se dio cumplimento al artículo 342 de la Constitución que pide garantizar los “procedimientos para hacer efectiva la participación ciudadana en los planes de desarrollo”. De acuerdo con Clavijo, durante las jornadas “la metodología estaba definida y se tenían unos formularios que se llenaban en cada una de las mesas de manera digital y, cuando no, se hacía en papel y luego se pasaba en un aplicativo”. No obstante, es aterrizado considerar que no todo va a quedar en el PND, en tanto es un documento muy general que, si lo incluyera todo, sería interminable.
Eso lo confirmó a este diario el director del DNP, quien dice que se respetarán los aportes de las comunidades y serán una guía para el accionar del Gobierno, no obstante, no quedarán incluidas propuestas muy específicas porque sería “prácticamente imposible”. Según dice, “de las mesas de trabajo se hizo un análisis de frecuencias de las palabras y temas que más se repitieron. Esos asuntos van a ser determinantes para definir las líneas estratégicas del Plan”, asegura González.
Al respecto, el consejero regional dice que, aunque la sistematización es tarea del DNP, “haremos una especie de veeduría social y ejercicios con los relatores en toda Colombia, para que realmente se refleje lo que debatimos. Antes de llegar al Congreso queremos tener mecanismos de validación”. Las principales preocupaciones de la gente giran alrededor del acceso a una alimentación digna, mitigar la violencia de género, acceso a tierra para el cultivo, mayor inversión en educación pública y vías terciarias. “Dijeron que iba a ser un desastre y que la gente no sabe priorizar, pero, encontramos elementos comunes y un ejercicio de planeación muy completo”, dice Velasco.
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Las prioridades del Gobierno
El proyecto tendrá alrededor de 200 páginas y 320 artículos que tendrán que ser revisados por el Congreso en sesiones extraordinarias desde febrero. Entre ese articulado, habrá puntos específicos dedicados a “paz total”, grupos étnicos y mujeres. Igualmente, cabe recordar que los planes tienen tres componentes: las bases, el articulado y el Plan Plurianual de Inversiones (PPI). Si bien los objetivos son esenciales, es indispensable que todos los elementos estén articulados con los recursos destinados.
“Hay una parte estratégica, pero el PPI es donde todos los programas y ejes planteados se desglosan en términos de los recursos para cada uno de los sectores o propósitos”, explica Lippez, quien también argumenta que “lo que tenga mayores recursos será la prioridad del Gobierno”. Por el momento, el apartado con más recursos es el de “convergencia regional”, que tiene que ver con la reducción de brechas sociales y económicas, especialmente respecto al acceso diferencial a oportunidades, bienes y servicios. El valor proyectado asciende de manera preliminar a $459,0 billones (44% de la inversión).
Esas prioridades coinciden con la propuesta política de Gustavo Petro, por lo que habría coherencia entre eso y lo planteado en el Plan. Ahora, tambiénhay que tener en cuenta que “el PND debe incluir a toda la sociedad colombiana, porque este es el Gobierno de todo el país. Esa es una paradoja frente a la que se encuentran”, dice Lippez. El PND será radicado por el Ministerio de Hacienda y el DNP; durante los debates, el proyecto podrá tener modificaciones, que requerirán el visto bueno del Gobierno Nacional.
El director del DNP dice que el debate más importante en el Congreso será por los recursos territoriales, especialmente por los intereses regionales que representan los congresistas. “Aunque las discusiones no se llevarán hasta el detalle, seguramente va a haber presión de algunos representantes que querrán procurar que haya más recursos para su departamento”, dijo Gonzáles a este diario. Si el Congreso no aprueba el PND en el término de tres meses desde que empieza el trámite, sería expedido mediante decreto presidencial.
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Por Laura Duarte Sandoval
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