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La Procuraduría General le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazar las pretensiones de la demanda que busca que se declaren inconstitucional las multas establecidas en el Código de Policía por irrespetar las normas de convivencia. El Ministerio Público indicó que las sanciones económicas fijadas no vulneran el derecho a la igualdad.
En el concepto enviado al alto tribunal se manifiesta que las multas establecidas tienen una justificación clara puesto que estas se imparten cuando se presente un “comportamiento contrario a la convivencia”. En este sentido se manifiesta que las mismas cumplen un objetivo de protección para la comunidad.
Considera el documento firmado por el procurador General, Fernando Carrillo Flórez, que el aumento de las multas cuando se presenten casos de desobediencia, resistencia, desacato y reiteración no va en contra de la Carta Política, por lo que considera que la demanda no debe prosperar.
“Son un mecanismo para prevenir las conductas que atenten contra un buen interés jurídico”, hecho por el cual la multa fue fijada para persuadir a los potenciales infractores. “El propósito de la multa no es sancionar a las personas por su condición económica o social, sino disuadirlas”.
Se busca, advierte el concepto, lograr el respeto a las normas de convivencia. Las sanciones no constituyen un “simple árbitro rentístico para aumentar las finanzas públicas” como lo señala uno de los acápites de la demanda.
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