Procuraduría pide avalar medida de aseguramiento contra Alto Consejero para las Regiones

La petición del Ministerio Público también cobija al alcalde de Montería, Marco Daniel Pineda.

Cristian Garavito / ElEspectador
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La Procuraduría General le solicitó a la jueza 40 de control de garantías avalar la medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía en contra del Alto Consejero para las Regiones, Carlos Eduardo Correa Escaf y al alcalde de Montería, Marco Daniel Pineda en el proceso penal que se le adelanta por irregularidades en la celebración de un millonario contrato.

El Ministerio Público consideró que la medida es necesaria para proteger la integridad del proceso. En las próximas horas intervendrán los abogados defensores y se espera que en la tarde la jueza tome una decisión de fondo frente a la petición hecha el pasado miércoles por la fiscal.

Correa y Pineda son procesados por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración del contrato firmado entre la Alcaldía y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporta y la Gestión Social para la restauración del coliseo “Happy Lora” en la capital de Córdoba en el año 2011, y cuyo valor ascendió a los 12 mil millones de pesos. 

En la diligencia judicial celebrada el pasado miércoles Correa y Pineda se declararon inocentes de los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

Para la Fiscalía General en la ejecución de la obra se presentaron sobrecostos y demoras injustificadas que impidieron que el “Happy Lora” fuera utilizado para las competencias de boxeo de los Juegos. Resalta que en el cronograma se estableció la entrega de la obra para noviembre de 2012, sin embargo la misma no fue presentada hasta marzo de 2017.

El Coliseo, advierte la Fiscalía, se entregó “con variaciones sustanciales” frente al proyecto inicial. El ente investigador sostiene que el exalcalde y el actual mandatario no tomaron cartas en el asunto frente a estas irregularidades, omitiendo de esta forma sus funciones de control y protección del patrimonio público de los cordobeses.

En la diligencia judicial se adelanta de manera reservada por petición de la fiscal del caso, quien argumentó la necesidad de proteger a la seguridad de los sujetos procesales

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