Propósitos loables, pero…

Obliga esta ley al Gobierno a adecuar las instituciones del Estado para garantizar la reparación integral en 10 años a partir de enero próximo de cuatro unos cuatro millones de víctimas del conflicto armado. Dicha ley ha sido considerada como loable por algunos y como utópica por no pocos. Como se mencionará más adelante, la ley de Tierras se reglamentará posteriormente.

El senador del Partido Liberal, Juan Fernando Cristo, autor de la ley y quien preside la comisión del Congreso para asegurar el cumplimiento de ésta, le manifestó a la revista Semana que, tras leer un extenso borrador del decreto reglamentario que está siendo preparado por el Gobierno, considera necesario introducirle grandes mejoras, porque de no ser así, el cumplimiento de la ley «se podría quedar en el papel».

Le extraña, así mismo, al senador Cristo que algunas dependencias del Gobierno, en especial el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional «aún no parecen notificarse del compromiso del presidente Juan Manuel Santos con los cuatro millones de víctimas del conflicto».  Natural, son entidades sensatas, realistas.

No esperemos milagros en la aplicación de estas leyes en un país con una escala de prioridades en la cual le compiten a la reparación integral otras víctimas, las del invierno, la reconstrucción de la infraestructura vial, la seguridad nacional y las pensiones de jubilación, con recursos tanto humanos como financieros limitados.

Creo haberle entendido al redactor de Semana que para la comisión aludida «la aplicación de la Ley de Víctimas se podría dilatar y posponer sus objetivos», porque el documento aludido no incluye, ni la reparación integral, ni metas concretas, ni presupuesto para alcanzarlas, ni los mecanismos de funcionamiento. Considero encomiable que alguien haya sido capaz de intentar reglamentar tal quimera.

Otros motivos de inconformidad parecen provenir del extenso borrador, ya que incluye algunas nuevas definiciones o reinterpreta disposiciones señaladas por el inefable Congreso. Tampoco ha instalado el Gobierno el Comité Ejecutivo requerido para liderar la reparación, ni ha articulado las funciones de este Comité con el proceso de modernización del Estado, otro loable propósito para combatir la corrupción, con un costo cercano a los 300.000 millones en burocracia. ¡Pobres los miembros de tal Comité!

Pero cuanto más los preocupa estriba en que la otra parte de la ley, la relacionada con la restitución de tierras, «será reglamentada en forma posterior e independiente». El borrador mencionado parece anticipar solamente respecto de tal restitución, que, «se encargará de garantizar la seguridad física de los retornados o reubicados a través de la presencia del Ejército y la Policía». Esperemos que así suceda, al menos, en el papel para que no se convierta en la “ley de guerras”.

De nuevo, si mal no le comprendí al redactor de Semana, para Cristo, la restitución de tierras es buena tan sólo en el papel, puesto que «No establece en qué regiones van a comenzar, cuáles son las zonas prioritarias, de cuántas hectáreas se dispone y tampoco define metas concretas en esta materia». No le pida peras al olmo, honorable senador, porque usted no acertó al liderar esta legislación.