«La parranda del consenso»

El poder legislativo históricamente ha sido un aliado de la voluntad presidencial de limitar el poder judicial, muchas veces fruto de la “culminación de la parranda del consenso y del tropel contra la Constitución”, como lo expresaron quienes demandaron la reforma constitucional que se aprobó en 1979, la que, según el gobierno, nos salvaría del desastre y la misma que la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible hace 30 años.

En el libro que publicaron entonces los demandantes de esa reforma del 79 se hace el recuento de tres decretos (“tres dictaduras”) a través de los cuales se trató de cortarle las alas a la labor de defensa de la Constitución, que entonces ejercía la Corte Suprema de Justicia.

En 1949 el presidente Ospina Pérez dispuso que las decisiones de la Corte frente a las demandas de inexequibilidad fueran tomadas por las tres cuartas partes de los magistrados. En 1956 el general Rojas Pinilla creó en la Corte la Sala de Negocios Constitucionales y le atribuyó al gobierno la facultad de designar a los magistrados. En 1981 el presidente Turbay Ayala dispuso una mayoría cualificada para decidir la constitucionalidad de los actos legislativos.

En los últimos treinta años afortunadamente no se han dado despropósitos normativos semejantes en contra de la independencia del control constitucional, aunque sí ha sido común la práctica presidencial de “acatar el fallo pero censurar a los falladores” —“mancha indeleble en la historia de Colombia”, como lo escribió don Guillermo Cano en la presentación del citado libro—.

Después del enfrentamiento con los magistrados en el pasado gobierno y tantos mantos de duda que quedaron en el ambiente, las instituciones colombianas tienen que garantizar la respetabilidad del poder judicial. No es necesariamente un asunto presupuestal. Con nada se puede comprar la venerabilidad de un juez sabio, justo y discreto.