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En medio de dos de las investigaciones más delicadas que lleva la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, todos los miembros que integran esa célula legislativa terminaron siendo procesados por la Corte Suprema de Justicia, lo que algunos representantes interpretaron como una forma de interferir en su competencia constitucional para indagar a aforados. Además, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda para tumbar la elección de Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde, como presidente y vicepresidenta de esa instancia.
Los 18 representantes que hacen parte de la Comisión son indagados por la Corte Suprema, según ese alto tribunal, por supuestamente no haberle dado trámite a una denuncia contra el fiscal Francisco Barbosa, señalado de aparentemente no avanzar en una investigación sobre posible compra de votos. El magistrado Francisco Farfán fue el encargado de iniciar la indagación en contra de todos los representantes, justo después de que la propia Corte también solicitara a la Comisión acelerar la investigación en contra de Farfán, por su presunta participación en el caso que involucra a la familia Gnecco.
Todo eso, mientras procesan al presidente Gustavo Petro por el presunto ingreso de dineros irregulares a su campaña de 2022, y a Farfán por supuestamente haber filtrado información a la familia Gnecco. El magistrado fue mencionado en una conversación revelada por Noticias Caracol, en la que Cielo Gnecco lo acusa de haberle informado al senador José Alfredo Gnecco (Partido de la U), sobrino de la cacica del Cesar, que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas en el caso de presunta compra de votos.
Sobre la Comisión, hay quienes han cuestionado que los investigados puedan procesar a los investigadores, pues a través de ello se puede ejercer cierto tipo de presión o “cerco judicial”; es más, algunos interpretaron la notificación como una “represalia e intimidación”. El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico y miembro de esa célula legislativa, aseguró que “esta es una forma de intimidar y obstaculizar cualquier tipo de investigación en su contra (de Farfán)”. En términos del diseño institucional, la Comisión de Acusaciones tiene la capacidad de indagar a los magistrados de las altas Cortes, quienes, a su vez, poseen la competencia de investigar a los congresistas.
Integrantes de la Comisión sostuvieron que, antes de iniciar el proceso contra todos los representantes, el magistrado Farfán debió haber revisado el caso y notificado únicamente a Carlos Alberto Cuenca (Cambio Radical), quien es el único que está a cargo del caso contra el fiscal Barbosa. “Debió haber recaído en él, quien lleva la investigación contra el señor fiscal (…) Iniciar una investigación contra todos no procede, ya que, por ejemplo, yo no estoy a cargo de ese caso”, expresó uno de los miembros.
Hace un poco más de una semana, el magistrado Farfán, de la Sala de Instrucción, anunció que se considera impedido para llevar a cabo esas investigaciones, relacionadas con cualquier congresista que forme parte de la Comisión. Esa decisión la tomó en medio de la controversia y, aunque para Ocampo, fue “apropiada, pues tranquilizó a los representantes y redujo la presión”, esta determinación no reversa la investigación sobre los integrantes y el proceso sigue en curso.
La demanda para tumbar a Manzur
Ese no es el único lío jurídico al que se enfrentan los miembros de la Comisión, ya que, además de la investigación de la Corte Suprema en su contra, el Consejo de Estado admitió una demanda para anular la elección de Wadith Manzur, del Partido Conservador, y Olga Lucía Velásquez, de Alianza Verde, como presidente y vicepresidenta de ese órgano legislativo durante el período 2023-2024. Aunque la demanda también buscaba suspender a los congresistas de sus cargos, la sección quinta negó esa pretensión, pero sí decidió tramitar la reclamación.
De acuerdo con la demanda, la elección vulneró los artículos 112 y 209 de la Constitución Política y el artículo 40 de la Ley 5 de 1992, que indican que los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en la conformación de las mesas directivas de los cuerpos legislativos. No obstante, en la Comisión de Acusaciones no se habría cumplido ese requisito. Según el abogado Harold Edurdo Sua, parte demandante, ninguno de los dos partidos, de los que hacen parte Manzur o Velásquez, representan colectividades minoritarias.
Por un lado, el Conservador se declaró en independencia y la Alianza Verde es un partido de Gobierno, por lo que ninguno haría parte de la coalición de oposición o minoritaria. Ahora, según el demandante, las minorías políticas son las que hubiesen presentado candidatos a la Cámara como mínimo en un 30% de las circunscripciones territoriales o que su votación en un mismo departamento o circunscripción territorial fuese inferior al 70% de la sumatoria de su votación en todo el país, pero, ese no sería el caso de las colectividades de ninguno de los dos representantes.
De acuerdo con Manzur, sus abogados ya están en frente del caso, quienes aseguraron que las únicas prohibiciones para hacer parte de las mesas directivas de las comisiones es que los representantes no sean reelegidos en esos cargos en el mismo periodo y que el presidente no sea del mismo partido que el del vicepresidente. “En consecuencia, la interpretación propuesta por el demandante escapa de la mera confrontación entre los argumentos y la norma presuntamente infringida”, se lee en el escrito de defensa ante la sección quinta.
Pese a eso, la demanda de nulidad fue admitida, por lo que el Consejo de Estado estudiará si la elección de ambos estuvo dentro de los términos legales y abre la posibilidad a que Manzur sea tumbado del cargo, justo en medio de la investigación al presidente Petro por las presuntas irregularidades en la financiación de sus campañas. Ese caso se conoció tras la indagación de la Fiscalía a su hijo, Nicolás Petro Burgos, quien supuestamente habría recibido dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias ‘El hombre Marlboro’, y del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca. Los tres investigadores que tienen el caso, Gloria Arizabaleta, Alirio Uribe y Wilmer Carrillo, fueron recusados; sin embargo, la comisión ya rechazó esos recursos.
La demanda es clave, pues el presidente de la Comisión, actualmente Manzur, tiene la facultad de asignar las investigaciones entre los representantes. Los casos en contra del presidente Petro fueron distribuidos durante la anterior mesa directiva, liderada por Wilmer Carrillo (Partido de la U), pero la asignación del reciente caso contra el magistrado Farfán estuvo en manos de Manzur, y se lo asignó a él mismo. Esa determinación no cayó muy bien entre algunos miembros de la Comisión, quienes desconfían de la imparcialidad de Manzur para tomar el caso relacionado con la familia Gnecco; aunque él no halla merito en esos señalamientos.
“En la Comisión hay una molestia enorme porque, primero, él y Farfán son de la región caribe. Segundo, en ese tipo de casos tan difíciles, siempre se nombra un triunvirato (tres investigadores) de diferentes partidos para generar imparcialidad y tener varias voces en el momento de tomar una decisión”, señaló una integrante de la Comisión. No obstante, hasta el momento, Manzur no ha sido recusado y la ponencia la presentaría en las semanas siguientes.
Aunque históricamente los resultados de la Comisión de Acusaciones han sido cuestionados, pues su naturaleza política la haría inoperante, la investigación a los miembros y la demanda que conoció El Espectador han generado un sin sabor en esa célula del Congreso y los procesos han sido asimilados como una forma de presión por la vía judicial. Hay que decir que esa Comisión solo ha logrado llevar a dos aforados a juicio y a condena, desde su existencia: al exmagistrado Gustavo Malo por los delitos de concierto para delinquir por el caso conocido como el Cartel de la Toga y al exmagistrado Jorge Pretelt, por concusión.
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Por Laura Duarte Sandoval
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