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Entre el exalcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque y los otros cinco implicados en las irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en la capital de Bolívar, en 2016, deberán pagar multas que suman cerca de $7.000 millones.
La decisión la tomó el juez 12 penal municipal con funciones de control de garantías, José Luis Sepúlveda, luego de analizar el material probatorio de la Fiscalía y los argumentos de la defensa. Con el pago de las sanciones, los implicados podrán acceder al beneficio de casa por cárcel.
(Lea: Imputan cargos al exalcade de Cartagena por irregularidades en contratación del PAE).
La multa más elevada fue asignada a David Camacho, quien ha sido denominado por la Fiscalía como el zar del PAE en la costa Caribe, quien deberá pagar cuatro mil salarios mínimos legales vigentes (smmlv), equivalentes a $3.124.968.000.
Por su parte, Germán Arturo Sierra, exsecretario de Educación de la ciudad, deberá pagar 2.500 smmlv, es decir, $1.953.105.000. Gladys Amanda Muñoz y Sandra Milena Mercado, representantes legales de los consorcios con los que se contrató el PAE, deberán pagar, cada una, mil smmlv, es decir, $781.242.000.
El exalcalde Duque deberá pagar una multa de 200 smmlv, es decir $156.248.000 y la supervisora de la alcaldía, Mayiris Gómez Ballestas, fue sancionada con 20 smmlv, lo cual equivale a $15.624.840.
(Lea también: La corrupción se tomó el PAE: Procurador).
Mientras los implicados pagan la totalidad de las multas, deberán permanecer en centros carcelarios y posteriormente podrán ser trasladados a sus lugares de residencia para cumplir con la medida de casa por cárcel.
Los contratos por los cuales fueron imputados los funcionarios y los representantes legales de los consorcios son dos firmados por el distrito entre abril y agosto de 2016. El primero de ellos por un valor de $8.427 millones con la fundación Redcom de la ciudad de Pasto (Nariño) mediante la modalidad de urgencia manifiesta. El segundo, por $15.831 millones, fue con el consorcio Proescolar por una suma de $15.831 millones, que además tuvo una adición por más de $7 mil millones en diciembre de ese mismo año. Según la investigación, estos negocios se firmaron sin cumplir con los requisitos legales, entre otras irregularidades que derivaron en detrimento patrimonial.