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El presidente Gustavo Petro le está dando sus últimas puntadas a la estrategia de paz y seguridad con la que busca cerrar su periodo en la Casa de Nariño. A meses de terminar su mandato, con su nombre dentro de la Lista Clinton y con una descertificación en la lucha contra las drogas, el mandatario colombiano busca sumar méritos con Estados Unidos, específicamente en la guerra contra el narcotráfico.
Tanto así que, durante la reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, Petro, además de una carpeta con fotos de erradicación de cultivos y datos sobre narcotráfico, ya tenía lista la extradición de alias “Pipe Tuluá”, jefe de la banda criminal La Inmaculada.
Como si el gesto fuera poco, el mandatario colombiano, horas después del encuentro en Washington, ya tenía el listado de los cabecillas próximos a extraditar que se suman al número, según el gobierno, “récord” de extradiciones en Colombia. Poco importó que algunos de ellos tengan negociaciones activas en el marco de su política de paz total, como el caso de alias “Chiquito Malo”, jefe del Clan del Golfo, quien, aunque no está capturado, sí es un objetivo de alto valor para el país y para Estados Unidos.
La decisión dejó entrever la estrategia que el mandatario le estaría dando a su lucha contra las drogas. Sin embargo, más allá de querer complacer al gobierno Trump, expertos señalan que los efectos de las extradiciones sobre el narcotráfico son casi nulos, por el contrario, repercuten en las comunidades.
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“En el caso de ‘Pipe Tuluá’ existe evidencia de su nivel de control y puede desarreglar relaciones de poder que impacta en los niveles de violencia, reacomodos dentro del grupo y del negocio del narcotráfico”, señaló a este diario Angélica Durán, profesora de la Universidad de Massachusetts y miembro de la Red de Estudios sobre Drogas.
Y agregó: “Esto puede generar violencia en el corto plazo. Generalmente el efecto de sacar a una persona que tiene un liderazgo es que lleguen otros a tratar de buscarlo. En un contexto tan fragmentado como el que vemos en Colombia, gran parte de la violencia son disputas internas por control territorial. La salida de estos personajes puede empujar esas disputas”.
En efecto, cada noticia sobre la detención o trámite de extradición de Andrés Felipe Marín, como la del pasado 12 de noviembre cuando la Corte Suprema dio el aval para su envío a Estados Unidos, desató en el Valle del Cauca una ola de terror por represalias por parte de la misma banda criminal.
Sin embargo, para Javier Flórez, director del área de conflicto y seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hasta ahora, por lo menos, pareciera que esos impactos están bajo control. Para el investigador, en el tema de la extradición es fundamental tener en cuenta que los impactos, tanto sobre las comunidades como sobre la cadena de narcotráfico, se reducen a raíz de las cadenas de mando establecidas dentro de algunas jerarquías de bandas criminales o grupos armados ilegales.
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“La hipótesis que tenemos, y por cómo se ha comportado el territorio luego de la extradición, es que el grupo se haya organizado previamente lejos del mandato de Pipe Tuluá. Aunque los otros mandos como ‘Nacho’ y ‘Caregallo’ están presos van a seguir con las actividades que tiene La Inmaculada en el territorio. Es una transición ordenada. Lo único que sí sabemos es la intención que tiene el Clan del Golfo de llegar otra vez al Valle del Cauca y refundar lo que se llamó el Bloque Calima. Eso puede ser una disputa del territorio dependiendo de cómo sean las cosas entre el Clan del Golfo y La Inmaculad”, explicó Javier Flórez a El Espectador.
Sin embargo, las dinámicas apuntan a ser diferentes para el caso del Clan del Golfo. Según señalaron expertos en seguridad y conflicto, en un escenario donde recientemente se confirmó la muerte de alias “Gonzalito”, jefe de ese grupo armado, la noticia de la posible captura o extradición de alias “Chiquito Malo” ya tuvo sus primeros efectos con la suspensión por parte de sus delegados en el proceso de paz en Catar que no tenía mayores avances. P
ero, sí existía la posibilidad de la movilización de sus hombres a una Zona de Ubicación Temporal que les entregó el gobierno, y en donde se podrían suspender las órdenes de captura de los grandes jefes.
El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, señaló que aunque fue sorpresiva la orden de extradición contra “Chiquito Malo”, en realidad está dentro de la lógica del mandatario de tener méritos con Estados Unidos, incluso si eso sobrepasa su apuesta de paz total.
“Dentro de las promesas que hace el gobierno en este viraje de su comportamiento en seguridad y defensa, ofrece la cabeza de ‘Chiquito Malo’ y eso sorprende porque patea la mesa de negociación. Esto hay que meterlo dentro de un conjunto de acciones para que no haya ninguna repercusión armada, que lo saquen de la lista Clinton y eventualmente buscar que las sanciones por la descertificación se levanten”, dijo.
A la lista de “Pipe Tuluá” y “Chiquito Malo” se sumó alias “Pablito”, jefe de la guerrilla del ELN, y alias “Mordisco”, al mando de la disidencia Estado Mayor Central. Con todos estos altos mandos criminales dentro del catálogo, el gobierno de Gustavo Petro sostiene que el número de extradiciones bajo su mandato es de más 800: 6,3% más que Duque y 7,6% más que el segundo mandato de Uribe, según detalló el Ministerio de Justicia.
Para la investigadora Angélica Durán, a largo plazo, estas capturas no reducen significativamente el fenómeno del narcotráfico, sino que se puede traducir en más conflicto. En ese sentido, la estrategia, si bien incluye la extradición, debe pensarse de manera más integral.
“Realmente matar, extraditar y eliminar cabecillas es un estilo de corto plazo que tiene muy poco efecto porque los cabecillas se reemplazan con mucha facilidad. Tenemos más de 40 años eliminando cabecillas del narcotráfico y se reemplazan. En el peor de los casos, eliminar cabecillas puede generar problemas graves de violencia y fragmentación criminal; es decir, no solo no reduce el negocio, sino que además aumenta sus consecuencias negativas. En vez de eliminar cabecillas, el énfasis debe estar en reducir estructuras: no solo a los criminales, sino también a las redes de apoyo, tanto políticas como económicas. Eso requiere una estrategia que no solo se enfoque en el cabecilla, sino en los mandos medios”, agregó.
En esa misma línea, Javier Flórez, de la FIP, reconoce que la extradición es una herramienta necesaria, aunque no dé los resultados esperados. “Hemos extraditado toda la vida y hoy tenemos el mayor número de hectáreas de Colombia, es el momento de mayor productividad. Antes una hectárea de coca producía 1.1 kilogramo de clorhidrato de cocaína, hoy, esa misma hectárea, produce hasta diez kilogramos. Seguiremos extraditando, hay que hacerlo, es una medida que genera confianza entre los gobiernos, con acuerdos bilaterales y con algunos efectos sobre estructuras del narcotráfico. Es una herramienta, pero no la que nos va a permitir un decrecimiento en el negocio del narcotráfico”, señaló.
Para el profesor Luis Fernando Trejos la extradición también deja ciertas deudas en Colombia, específicamente con las víctimas.
“En la práctica, el gobierno colombiano renuncia a ejercer justicia porque a estas personas cuando llegan a Estados Unidos las juzgan por delitos que han cometido allá, especialmente narcotráfico. Pero muchos de ellos también están involucrados en la comisión de delitos graves, en casos de infracciones al DIH y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Eso no lo juzgan allá. Entonces nosotros en la práctica renunciamos a que las víctimas tengan el derecho a la justicia. Cuando llegan a Estados Unidos negocian con la justicia de allá y no todos retornan a Colombia”, dijo.
Lo cierto es que la extradición de “Pipe Tuluá” fue apenas la antesala de una ola de capturas hacia Estados Unidos de los principales jefes de los grupos armados criminales del país, como “Chiquito Malo” y “Mordisco”.
Según el Ministerio de Defensa podrían darse en los próximos dos meses. Pero detrás de estos anuncios también se puede entrever extradiciones pendientes como la de alias “Araña”, jefe de Comuneros del Sur, o “John Mechas”, jefe disidente del frente 33, en Catatumbo. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro, a pocos meses de terminar su mandato, busca cerrar su periodo al menos sin rivalidades con Estados Unidos, aunque eso, al parecer, pueda costarle su discurso y su paz total.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Paulina Mesa Loaiza
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