La percepción de corrupción no disminuye

Por un lado, en los últimos meses se han comenzado a conocer algunos de los escándalos de corrupción más desafiantes que ha visto el país en los últimos años. Y por el otro, el Gobierno ha adoptado medidas para combatirla, por ejemplo el Estatuto Anticorrupción y la inclusión del IPC como indicador de seguimiento del capítulo de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

La alta percepción de corrupción por parte de los colombianos es una señal de alerta que no puede pasar desapercibida para el Gobierno en el proceso de reglamentación e implementación del Estatuto, particularmente en regiones con una institucionalidad frágil y con altos riesgos de corrupción. También debe estar presente en el proceso de reestructuración del Estado que comenzó con la expedición de más de 80 decretos, pero que aún tiene un camino muy largo por recorrer. Y por supuesto, es un factor muy importante a ser tenido en cuenta en las negociaciones para ingresar a la OCDE, organismo para el que los indicadores de corrupción son una variable fundamental al momento de evaluar la aceptación de nuevos miembros.

Las medidas adoptadas en el último año son fundamentales para luchar contra la corrupción, pero deben enmarcarse en una política integral, de alcance nacional y territorial, que involucre al Estado en su conjunto, al sector privado y a la ciudadanía. Y que defina los lineamientos, los procesos y los procedimientos, y por supuesto los recursos económicos, humanos y técnicos, para hacer efectivos los ajustes institucionales previstos en las reformas, y garantice que las investigaciones y las sanciones por hechos de corrupción produzcan resultados. Pero además, que le otorgue un lugar prioritario a la prevención de la corrupción y a la cultura de la integridad.

Algunos de los temas que merecen especial atención en el sector público son la conformación meritocrática de las plantas de personal, las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de los servidores públicos, el acceso a la información pública, la financiación ilegal de la política y los procesos de contratación de obras públicas. Con relación al sector privado empresarial y gremial, asuntos como el soborno nacional y transnacional y la incidencia indebida en la formación de leyes y las políticas públicas, son impostergables.

Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en general somos también parte fundamental de la transformación cultural e institucional que requiere la lucha contra la corrupción. Tareas como el rechazo social a la corrupción, la implementación de prácticas de integridad en nuestra acción social e individual urgen la acción decidida de todos nosotros. Sin todo lo anterior, la percepción de corrupción en nuestro país seguirá aumentando.