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En la calle 87 con carrera 12, delincuentes llegaron a un apartamento, encañonaron a un residente y lo asaltaron. Salieron disparando, pero, según la denuncia, la Policía llegó 20 minutos después. “Sucedió a una cuadra del Centros de Atención Inmediata (CAI) del sector”, dice la denuncia. Historias como estas se repiten a diario en Bogotá, generando dudas sobre el efecto disuasivo de los CAI, la infraestructura más visibles de la seguridad urbana.
Y es que en los últimos años se han documentado hechos graves en sus inmediaciones, desde hurtos hasta ataques directos contra sus instalaciones. El año pasado, por ejemplo, atentaron con artefacto explosivo contra el CAI Santo Domingo, en Ciudad Bolívar, y capturaron a personas que planeaban ataques contra el CAI Lucero. A esto se suman los daños cada que hay protestas.
Pese a ello, la administración le apuesta a fortalecer estas infraestructuras. Un ejemplo es el nuevo CAI de la calle 80, que estuvo abandonado 12 años y lo rehabilitaron, tras una inversión de COP 286 millones. Dotado con mejoras tecnológicas y de movilidad, este punto busca beneficiar a 115.000 habitantes de los barrios aledaños. Sin embargo, el debate de fondo persiste: ¿tener más CAI se traduce en mayor seguridad?
CAI: origen, función y límites
Según Luis Mario Ramírez Leal y Estanislao Escalante, de la Escuela de Investigación y Pensamiento Penal Luis Carlos Pérez (Polcrymed) de la Universidad Nacional, los CAI nacieron en los años 80, bajo un modelo de policía comunitaria, centrado en la presencia física en el territorio.
Por décadas, funcionaron como referente de seguridad. Sin embargo, en 2010 la Policía adoptó el Modelo de Vigilancia por Cuadrantes (MNVCC), que introdujo un cambio en cómo entender la seguridad urbana. “Es justo en el cuadrante donde se desarrolla la acción policial cotidiana, se ejerce la autoridad y se construyen relaciones con la comunidad. En resumen, mientras el CAI define el dónde de la presencia, el cuadrante determina el cómo ejercer seguridad”.
El problema, dicen los investigadores, es que la estrategia operativa se modernizó, pero la infraestructura no. “La ciudad ha cambiado. Hoy enfrentamos dinámicas criminales más complejas, con una ciudadanía que demanda tanto seguridad como legitimidad en el uso de la fuerza. Así, muchos CAI pasaron de ser dispositivos efectivos de control a estructuras estáticas, cuya presencia no siempre se traduce en capacidad real de intervención”.
Resultados limitados
Un informe de la Contraloría, titulado Seguridad Urbana 2025, señala que entre 2016 y 2020 el Distrito prometió abrir 16 nuevos CAI, pero solo concretó ocho. Pese al crecimiento parcial de infraestructura, los indicadores no mostraron mejoras relevantes en seguridad. La alcaldía de Claudia López, por ejemplo, destinó el 1,9 % de los recursos del Plan de Desarrollo (COP 2,28 billones) en seguridad y, si bien, hubo reducción en algunas modalidades de hurto, no las hubo en otros delitos.
En la administración de Carlos Fernando Galán se proyectan inversiones por COP 3,1 billones, equivalentes al 2,8 % del Plan de Desarrollo. Si bien la ejecución de 2024 alcanzó 94 %, la Contraloría advierte que persisten retos como “el aumento del pie de fuerza, el desmantelamiento de bandas criminales, estrategias por localidad y la recuperación de la confianza ciudadana”.
Déficit operativo
Desde el Concejo, el cabildante Julián Uscátegui (Centro Democrático) sostiene que la infraestructura no es el cuello de botella. “Bogotá tiene un déficit 10.000 policías. No basta con construir si no hay personal. Hay jurisdicciones donde deberían operar 13 cuadrantes, pero solo hay dos o tres, por falta de uniformados. La infraestructura, por sí sola, no garantiza disuasión ni reacción”.
Para Marcela Parra, directora del programa de Investigación Criminal de la U. Manuela Beltrán, el problema no es la cantidad de CAI sino el modelo operativo. “El delito no se concentra alrededor de los CAI. Los delincuentes ajustan rutas y horarios. Aumentar infraestructura sin transformar la estrategia equivale a reforzar un esquema que no dialoga con el delito”, explica.
Advierte que la percepción de inseguridad suele empeorar cuando existe una estructura visible, pero no una prevención efectiva. “Bogotá debería priorizar la inversión en análisis criminal, patrones de comportamiento y tecnología, entendiendo que el delito actual es móvil, oportunista y de rápida ejecución”.
En la misma línea, los investigadores Ramírez y Escalante subrayan que invertir en seguridad sin fortalecer el respaldo institucional al capital humano policial es una estrategia incompleta. “La seguridad no se resuelve con más edificios, sino cuando el Estado ejerce autoridad legítima, protege y reduce el miedo ciudadano mediante una presencia real, coherente y sostenida, no simbólica”, concluyen.
Para enfrentar la desconexión entre el cuadrante y la calle, el concejal Uscátegui propone una transición hacia un modelo de CAI móviles, argumentando que la rigidez actual impide una reacción eficaz, en una ciudad donde el delito se desplaza constantemente. “La seguridad debe ser dinámica. Las unidades móviles permitirían reforzar puntos críticos como zonas de rumba o portales de transporte en horas pico, llevando la autoridad a donde el mapa delictivo muestra alertas”.
Por su parte la actual administración continúa fortaleciendo las capacidades, incluso ampliando financiación de más equipos con impuestos. Con la apertura del CAI 80, las autoridades recibieron 214 nuevas motocicletas y tres patrullas. Desde diciembre de 2024, ha entregado 353 motos y aumentado en 50 % el presupuesto de seguridad en su apuesta por mantener nueve delitos de alto impacto a la baja.
Si bien los CAI siguen siendo uno de los símbolos de la seguridad, su eficacia no depende de cuántos existan, sino de la capacidad de las autoridades para integrarlos a un modelo que entienda la transformación del delito, con suficiente pie de fuerza e inteligencia.
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Por Juan Camilo Parra
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