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La columna de Alejandro Gaviria en El Espectador, el día 20 de noviembre de este año, da en el clavo sobre un fenómeno que, adentro de la Universidad Distrital (UD), hemos estado develando como sindicato, y no sin tropiezos (Derechos y recursos, p. 41).
Bien informado, afirma “… los estudiantes deberían protestar no sólo por la escasez de recursos sino también por la ineficiencia y la corrupción”. El Sidicato de profesores de la Universidad Distrital (Siprud) resalta que no en vano se haya enlazado la reflexión anterior con la siguiente: “Hasta ahora nada han dicho acerca del clientelismo que aqueja a la Universidad Distrital…”.
Conocedores de las aristas que tiene el problema y, por supuesto, denunciantes de ese clientelismo, tenemos por cierto que el eje clientelista de la UD saldrá, primero, a desmentirlo “exigiéndole pruebas” y, luego, a colocarlo en la picota porque en su condición de académico no tendría derecho alguno, dirían nuestros conocidos de marras, de “dañar la imagen pública” de la UD. El Siprud posee pruebas fehacientes para que, en el momento en que el columnista lo considere prudente, cuente con ellas y puedan servir como base para un debate serio.
Estamos en capacidad de avalar un diagnóstico que, como el de Gaviria, ayude a develar que el movimiento estudiantil distrital, aupado por algunos de nuestros pares docentes arraigados en cargos directivos, ha dejado de lado en esta coyuntura la denuncia del desgreño interno y distraído a la masa reduciendo la actividad contestataria a los loables propósitos macrosectoriales de la contrarreforma a la ley 30. En el interior de la UD la táctica ha consistido en distraer la opinión sobre la esencia clientelar, señalando para otro lado, mientras los ejes de la Administración (Rectoría, Decanatura y Coordinaciones Curriculares) y los Consejos Superior y Académico se frotan las manos usurpando de todas las formas la Constitución o las leyes y, por supuesto, los estatutos internos, en tanto se oponen a la manipulación que hacen de los recursos que aporta el Distrito Capital y la Nación, sin que alguno de los dos ejes exija cuentas.
Estamos en capacidad de demostrar que si hay algún ente educativo donde buena parte de las hipótesis que han emitido algunos analistas acerca de la racionalidad que pueda temer asignarle nuevos recursos a universidades públicas sin auditoría confiable, ése es la UD. No nos extrañaría, por tanto, si la expansión del “carrusel de la contratación” al Distrito toca pronto las puertas de ésta, que podría resultar otra joya de la corona corrupta distrital. Lo aplaudiremos quienes venimos trabajando por romper esta cadena clientelar de la que formarían parte los ahora representantes del presidente de la República, la Alcaldía Mayor o los gremios empresariales en el Consejo Superior Universitario.
Bernardo Congote Ochoa. Presidente del Siprud.
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