Finalmente la palabra «legalización»

Tienen más razón los primeros, porque las declaraciones de Santos, a pesar de la prudencia con que se dijeron, son todo menos melifluas. Son históricas. El componente más fuerte de la guerra contra las drogas ha sido el político, basado en un tabú que le pone sordina a la discusión de alternativas de solución al problema. Por eso la labor más urgente es atacar el tabú, que deforma con miedo y perjuicios morales una discusión que debe ser técnica, y no deja que la evidencia de los beneficios de desmontar el prohibicionismo lleguen a la opinión pública y generen efectos políticos.

Siendo el narcotráfico el problema más exógeno, que más muerte y corrupción ha traído a Colombia, explorar soluciones es lo mínimo que le corresponde hacer a un presidente colombiano, y su principal responsabilidad desde el punto de vista moral y práctico. En materia de política exterior, no hay objetivo más urgente que el de promover el interés nacional en materia de reducción del flagelo del narcotráfico.

La disposición del primer productor de cocaína del mundo a discutir fórmulas de solución al problema de la droga que no descarten la legalización, tarde o temprano producirá efectos internacionales. Seguramente muchos gobiernos tratarán de ignorarlo, pero para otros, y especialmente para la academia y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema, será un “game changer”.

Muchos países latinoamericanos, especialmente los de Centroamérica tan afectados por la violencia narca, entenderán que si el mayor defensor del prohibicionismo, quien más esfuerzos ha hecho y más costos ha pagado, está dispuesto a discutir el abandono de esa política, mal pueden negarse a discutirlo ellos, que empiezan a sufrir una pesadilla para la que no tienen solución. Es posible que Unasur acoja las palabras de Santos y busque una posición en bloque que tendría un peso relativo en el escenario mundial, especialmente por la presencia de Brasil. Si Centroamérica y Suramérica adoptaran un posición común, se generaría en México una presión de opinión pública fuerte para acogerla, lo que a su vez pondría presión sobre la política norteamericana para discutir más abiertamente el tema, inicialmente en la OEA.

A partir de ahora, la discusión sobre la manera en que Colombia debe manejar el tema del fracaso de la lucha antidrogas se vuelve bizantina. El Gobierno ha escogido un camino, que incluye discutir la opción de la legalización, advirtiendo que se debe buscar un consenso y asegurando que se someterá a él. Esa combinación de audacia y prudencia puede restarle contundencia a la propuesta, pero la blinda frente a los dogmáticos que querrán caricaturizarla o macartizarla y que son el mayor obstáculo para el progreso de la discusión.

Santos está aplicando a este tema la misma aproximación pragmática con que está manejando el tema de la paz, que ante el mar de obstáculos que enfrenta, antes que ser timorata, es visionaria y valiente.