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Es lugar común en Colombia elogiar a alguien diciendo que es “técnico, no político”. Este ideal, como el del presidente profesor, es un descendiente apocado pero directo de aquel del filósofo rey. Al “técnico no político” le gusta hacer gala de sus conocimientos profundos y revelar los matices de las toscas afirmaciones partidistas para recordarnos, vez tras vez, que la verdad rara vez está en los extremos.
Como sucede con los ideales platónicos, el técnico no político es un lindo ideal. Pero, en la práctica, la tecnocracia colombiana sufre de conflictos de intereses serios. Buena parte de la tecnocracia que moldea el discurso político del país trabaja para el Gobierno, para las organizaciones de lobby de la industria privada (que por alguna razón suenan como algo respetabilísimo cuando se habla de los “gremios”), o para las firmas que viven de hacerles consultorías al Gobierno y a los gremios. Y como darle patadas a la lonchera es un lujo que incluso los tecnócratas tienen que pensar dos veces, la tecnocracia resulta ser buenísima matizando y relativizando los cuestionamientos que se le hacen al statu quo, mientras que guarda un silencio prudente (o habla bien bajito, esperando que no la escuchen) cuando de criticar los argumentos flojos del Gobierno y el lobby empresarial se trata.
Ejemplo: el año pasado, la Ley de Financiamiento pasó pese a que más de 70 doctores en economía, profesores de las principales universidades del país, firmaron una carta cuestionando los beneficios tributarios que la ley otorgaba a las empresas. Y, sin embargo, la tecnocracia hizo el menor esfuerzo posible para rebatir de frente los argumentos especiosos que salían del Ministerio de Hacienda, y la ley pasó.
Todos los pronunciamientos técnicos se hacen en un contexto político. Lo que se elige callar es tan importante como lo que se elige decir. Y, la verdad, el silencio de la tecnocracia colombiana no habla bien de ella.
@luiscrh
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