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21 y 22 de noviembre de 2019, dos días sin precedentes en la historia reciente de Colombia que plantean desafíos descomunales.
Se quedan cortos aquellos que consideran que la respuesta está, de manera exclusiva, en manos del gobierno Duque, aunque es evidente el inmenso descontento frente a éste y su responsabilidad en enmendar y conducir. También siguen sin entender aquellos que se atribuyen los éxitos de las movilizaciones ciudadanas. Quienes le apostaron a toda suerte de conspiraciones deben revisar su agenda.
Si nos restringiéramos a los dirigentes estatales, es claro que los alcaldes y gobernadores recién electos están notificados acerca del enorme descontento de los colombianos.
Sin embargo, los retos les conciernen a todos los sectores, incluyendo a dirigentes de los empresarios y trabajadores, medios de comunicación, de la llamada sociedad civil. Y, en general, en esta época en que cada tuittero es un emisor de opiniones, noticias y emociones, la responsabilidad es de millones.
La masiva movilización ciudadana estuvo motivada por múltiples hilos que desbordan los de las organizaciones convocantes. Los “floreros de Llorente” no fueron alzas en los combustibles o en el transporte público como en Ecuador o en Chile; son muchas insatisfacciones juntas.
Más allá de salarios, pensiones y financiamiento de la educación están los asesinatos, impunes, de centenares de líderes sociales, desmovilizados, la inequidad rampante en la distribución del ingreso, la salud, la preocupación por el medio ambiente, el respeto a la diversidad.
Colombia es un país de jóvenes manejado por dirigentes que, por décadas, han impulsado un modelo económico asociado a altas tasas de desempleo y subempleo juveniles. La angustia del no futuro la viven millones.
Género, medio ambiente, diversidad, empleo, en una época en que la tecnología, la globalización de los mercados y el cambio climático impactan la sociedad a velocidades exponenciales que pocos dirigentes han comprendido, son temas cruciales para la vida presente y futura de los jóvenes, vale decir, del país.
Las movilizaciones masivas, los cacerolazos sin precedentes, van mas allá de los intereses de las organizaciones convocantes.
La destrucción de patrimonio público, como la barbarie de la destrucción de decenas de estaciones de Transmilenio, repudiada por la ciudadanía, incluida la marchante, plantea un grave problema de seguridad ciudadana. Evidencias de sistematicidad obligan a investigar, detener y castigar a los responsables.
La ciudadanía quiere escenarios pacíficos e incluyentes. Las escenas de voluntarios limpiando paredes y lugares públicos el viernes y el sábado son señales maravillosas.
La declaratoria del toque de queda en Cali y Bogotá, quizás, fue innecesaria. No impidió el pánico propiciado de forma organizada por las redes, no sabemos por quiénes. Las imágenes de padres de familia haciendo guardia en conjuntos residenciales, a la espera de la invasión de saqueadores, dispuestos a todo para defender sus familias, son testimonio de la angustia extrema que muchos vivieron en Cali y Bogotá.
Se requieren líderes, no caudillos, que estén en capacidad de escuchar, comprender e inspirar.
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