Hay dudas razonables en el estudio de la Contraloría sobre Hidroituango

Hay dos puntos en el escrito sobre los cuales es fácil estar de acuerdo: uno es la necesidad de terminar el proyecto. El otro es la obligación de determinar si hubo negligencia o actuaciones intencionalmente culposas o dolosas y de sancionar a los responsables.

Sobre el primer punto sabemos por informaciones de los ingenieros del proyecto que las soluciones técnicas para reparar, terminar y poner en operación la obra están dentro de los límites del conocimiento ingenieril a disposición del proyecto y se están ya implementando, excepto las que están restringidas por una decisión de la ANLA que requiere que, hasta nueva orden, solo se invierta en el control de la emergencia (ya casi superada) y no en avanzar con del proyecto.

Sobre el segundo punto (identificación y castigo de culpables), es imperioso que los hallazgos establezcan más allá de cualquier duda razonable el dolo para proteger a funcionarios que actuaron de buena fe y siguiendo las mejores prácticas establecidas en estas disciplinas y un sano criterio profesional. La literatura internacional sobre ejecución de megaproyectos documenta claramente que todos están sujetos a incertidumbres y riesgos que no es posible eliminar totalmente de antemano, pero que se manejan a medida que las obras avanzan.

El editorial acepta implícitamente y sin cuestionamientos la declaración de la Contraloría sobre el proyecto. Sin embargo, una lectura cuidadosa del informe de la Contraloría permite plantear cuestiones sobre las metodologías usadas para estimar los sobrecostos y perjuicios financieros derivados de la contingencia y del atraso asociado.

El informe hace también afirmaciones sobre aspectos técnicos como la insuficiencia de los estudios, el planeamiento y los diseños. Para estos megaproyectos no existen en Colombia estándares técnicos de diseño contra los cuales comparar y así demostrar más allá de cualquier duda razonable las deficiencias anotadas. Estos estándares son cuestión de criterio profesional y de prácticas aceptadas en el mundo de la ingeniería sujetas a discrepancias legítimas entre los técnicos. Las autoridades del proyecto han respondido a los cargos técnicos levantados, pero la Contraloría desestimó las explicaciones sin que haya mecanismo para dirimir desacuerdos técnicos genuinos entre la Contraloría y los responsables del proyecto, comunes en emprendimientos complejos. O sea que no hay dónde apelar. ¿Dónde reside la carga probatoria?

Es peligroso para una democracia que no se estudien a fondo los hallazgos de los organismos de control antes de tomarlos como referencia absoluta. En ausencia de esos análisis, los órganos de control pueden convertirse en armas contra opositores políticos o de opinión diferente a la oficial y se puede falsear el debido proceso.