Desigualdad y atraso social

En oportunidades anteriores mostré cómo la economía evoluciona dentro de una estructura productiva altamente inequitativa. El país conformó un perfil sectorial de baja generación de empleo y alta representación en la informalidad. Adicionalmente, se ha visto expuesto a una organización macroeconómica que presiona los salarios por debajo de la productividad y propicia la especulación y las elevadas ganancias del capital. Así las cosas, los ingresos del trabajo bajan con respecto al producto nacional, la brecha entre trabajadores calificados y no calificados se amplía, y las ganancias de capital se disparan.

La política pública de transferencias ha resultado totalmente incapaz para compensar los daños de la estructura productiva. La mejor ilustración está en Bogotá. La administración distrital ha operado dentro de una estructura fiscal precaria. El presupuesto ha girado alrededor del 8% del PIB ($11 billones), que apenas alcanza para ofrecer salud y educación de baja calidad, y proveer los servicios públicos. La mayoría de la población no tiene acceso a la salud especializada y la cobertura en la educación superior es menor del 40%. El desempleo se mantiene cerca del 10% y más de la mitad de la fuerza de trabajo se encuentra en la informalidad con salarios inferiores al mínimo y sin seguridad social. Un numeroso grupo vive hacinado; durante muchos años el déficit habitacional se ha mantenido en 450.000 viviendas; los sectores más necesitados no tienen fácil acceso a los servicios públicos básicos; la canasta de servicios les significa más del 30% del salario.

Lamentablemente, el progreso físico de una urbe, que revela muchas de las características de país desarrollado, coexiste con la exclusión y el retraso de vastos sectores de la población. El contraste se materializa en un abultado coeficiente de Gini, que deja al descubierto la carencia de instituciones sociales que contribuyan a trasladar los beneficios del progreso a toda la ciudadanía.

La construcción de una ciudad equitativa, que realmente eleve los ingresos de los estratos bajos con respecto al promedio y mejore la distribución del ingreso, está condicionada a una política social de derechos que modifique en forma considerable las estructuras del pasado. De hecho, significa mayores gastos para garantizar la universalización de la salud y la educación, hacer efectivos los derechos de vivienda y empleo, y reducir las tarifas de servicios públicos y transporte a los sectores más necesitados. La tarea se sintetiza en una gran reforma de la organización fiscal orientada a incrementar los ingresos tributarios propios de la cuidad, elevar el endeudamiento y ampliar las transferencias regionales.

El diagnóstico descrito contradice las concepciones clásicas predominantes que predecían que los efectos inequitativos del mercado se pueden compensar con transferencias menores de ingresos y que después de cierto nivel el progreso físico reduce las desigualdades. La estructura productiva inducida por el modelo económico único resulta en desigualdades crecientes y las políticas asistencialistas no van más allá de aliviar la pobreza. El rápido avance social no sólo plantea un nuevo modelo económico que eleve los ingresos del trabajo con respecto al capital e incremente el empleo, sino también una política pública de derechos que, en buena medida, recae en las administraciones municipales y distritales.