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El Naya, es una región al sur del país ubicada en la cuenca del río Naya, en el departamento del Cauca, que, como otras tantas zonas, fue relativamente desconocida para muchos colombianos, hasta que se hizo tristemente célebre, con ocasión de la llamada masacre de El Naya.
El 10 de abril de 2001, más de 200 paramilitares del Bloque Calima de las AUC, incursionaron en El Naya, por orden de Vicente Castaño asesinando, según la Fiscalía, a 24 personas y provocando el desplazamiento forzado de más de 4.000, en un hecho que duró tres días, hasta el 13 de abril, haciendo de esa semana santa, la más cruenta en la historia de la región.
Como en otras masacres cometidas por los grupos paramilitares, por ejemplo en el caso de Segovia (Antioquia), cuyos 23 años se cumplieron ayer, la Defensoría del Pueblo a través de su Sistema Alertas Tempranas, había advertido del riesgo que se corría en la zona, a las autoridades pertinentes como la Brigada del Ejército asentada en la región, entre otras.
Posteriormente, se logró la identificación de algunos de los paramilitares que participaron en el hecho y fueron condenados en 2002, por los delitos de homicio con fines terroristas, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado, decisión que fue apelada, confirmada en segunda instancia, pero, luego, mediante el recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema de Justicia, en una decisión de abril de 2009, declaró prescrita la acción penal por los dos últimos delitos, es decir, que por el paso del tiempo entre el hecho y las actuaciones judiciales, se revocaría la condena por esos dos delitos, con el consecuente efecto de dejar sin sanción a los victimarios por los más de 4.000 desplazamientos.
Con esa decisión, las víctimas del desplazamiento forzado no podrian exigir sus derechos a la justicia ni a la reparación, a pesar que en su mayoría siguen desplazados, por lo tanto, es inentendible que el delito haya prescrito.
Sin embargo, en el proceso especial de Justicia y Paz, los hechos de la masacre de El Naya están siendo confesados por parte de los procesados y verificados por la Fiscalía, de manera que, curiosamente, dicho proceso que ha sido tan criticado por dejar un ambiente de impunidad e insatisfacción para las víctimas, en este caso se convierte en una oportunidad para que sus derechos de hagan realidad.
El motivo es que hechos tan graves que pueden revestir el carácter de crímenes de lesa humanidad (como el desplazamiento forzado), pueden ser conocidos, como de hecho està sucediendo, y juzgados en Justicia y Paz.
Si esto es así, Justicia y Paz, se convertiría en el escenario para combatir la enfermedad de la que dicen, adolece: la impunidad, y sería la instancia en la cual, decisiones judiciales erróneas anteriores, pueden ser corregidas y ajustadas a Derecho y a Justicia.
En twitter: @andreasforer
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