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Dos hechos de esta semana, la movilización estudiantil en contra de la reforma a la educación superior y la muerte de Alfonso Cano, que aparentemente nada tienen que ver, están ligados.
La debilidad de la guerrilla y el triunfo de los jóvenes nos permiten vislumbrar cómo sería un país donde la protesta social se considere legítima y se responda a ella con los mecanismos propios de la democracia, y no con la estigmatización y la criminalización.
Por 47 años, las guerrillas han conseguido arrojar un manto de sospecha a cada manifestación de descontento, huelga, pensamiento crítico o líder que reclame genuinamente por los derechos de la gente. “Están infiltrados por las Farc”, suele ser la frase de cajón de las autoridades de turno. Eso pudo haber sido cierto en algún momento. Incluso hoy, en algún levantamiento puede que haya milicianos agitando, pero no es el caso en la gran mayoría de los clamores populares.
Según la Policía, en lo que va del año ha habido en Colombia 1.575 manifestaciones públicas, entre ellas, 280 de los trabajadores de la salud, de las petroleras y de empleados oficiales y 290 de maestros y estudiantes. ¿Cómo puede ser que la organización armada que se va quedando sin jefes históricos sea la misma que tiene la capacidad táctica de infiltrar semejante cantidad de protestas desde Meta hasta Tunja, pasando por Magdalena Medio y Bogotá? ¿Cómo, si de sus filas han desertado sólo este año 1.317 combatientes y otros 1.847 han caído muertos o presos, ha perdido la iniciativa militar en casi todo el territorio y sus jefes no se pueden comunicar entre sí sin que las autoridades los escuchen?
En el fondo lo que hay es una costumbre atávica, una maña dañina de los gobiernos y de las autoridades de sacarse de encima las demandas de cambio y de mejoría en la gestión de gobierno de la gente, estigmatizándola. Y eso es políticamente viable mientras haya Farc. O por lo menos mientras en el imaginario colectivo viva el mito de su ubicuidad.
Si las Farc dejaran de existir y nosotros de atribuirles poderes que no tienen, los gobiernos podrían empezar a hacer por fin paz con los pacíficos. Escuchar el clamor de la gente y atenderlo. Puede que haya reclamos infundados que promuevan pujas particulares contrarias al interés público, pero eso no les resta legitimidad, ni exime al Gobierno y a la fuerza pública de tramitarlos con las herramientas de la democracia.
Combatir a las guerrillas por tanto tiempo ha deformado el cuerpo institucional colombiano. Desarrolló así un brazo militar, político e ideológico fornido y rico para combatirlas, mientras el otro, el que vela por proteger a la población de los otros problemas de seguridad y de justicia, como el abuso de poder, la delincuencia criminal y la corrupción, se ha quedado raquítico. No será posible equilibrar las energías y los recursos públicos hasta que cerremos el capítulo de las Farc.
Sin las Farc, y libres del mito de su poderío, podríamos también conocer la otra mitad de la verdad de la guerra colombiana, la de lo que han hecho, ya no los paramilitares, sino las guerrillas. Ésta yace hoy enterrada debajo de los campos minados y del miedo que aún infunden. Y sin esa verdad no podremos reparar debidamente a sus víctimas ni cerrar las heridas que hoy nos impiden quitarnos de encima este lastre que representan las guerrillas para el avance de la organización civil y para hacer más eficaz al Estado en protegerla. Por eso lo más revolucionario que ahora podrían hacer las Farc sería renunciar a la guerra.