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“A producir más alimentos”

El aspirante presidencial por el Polo Democrático, Gustavo Petro, propone modelo de desarrollo que gire alrededor del agua.

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El escritorio del candidato a la presidencia por el Polo Democrático, Gustavo Petro, está inundado de algunos dibujos, revistas de actualidad y documentos de toda índole entre los que no falta el tema económico, cuyo programa de Gobierno compartió con los lectores de El Espectador.

Empleo desde la educación

La escuela será el escenario desde el cual el aspirante del Polo impulsará su proyecto económico, cuyo fin primordial es asegurar la equidad social entre los colombianos. Además de elevar el presupuesto de educación (que para 2010 asciende a más de $20 billones), le daría una nueva cara al modelo educativo actual al articular la educación media y la profesional en la secundaria. Y desde la Presidencia, buscaría implementar las potencialidades de cada región dentro de los currículos universitarios.

Esta medida, que busca llevar la enseñanza sin sobrecostos a toda la población, es el primer elemento de su plan de empleo, que en primera instancia busca acabar con el empleo exiguo (la informalidad), cuya tasa se encuentra en 55%, a partir de entregarles a los colombianos las herramientas necesarias para crear empresas productivas.

El segundo ingrediente de su fórmula es el fácil acceso al sistema crediticio. “Construir banca pública de primer piso con unos objetivos claros de entrega de créditos dentro de la población, sobre todo a campesinos, madres cabeza de familia y jóvenes graduados que quieran iniciar una empresa”, propone.

De igual manera se propone realizar una reforma laboral que incluye regresar a una jornada  en la que la luz del sol se apague a  las 6:00 p.m., eliminar las cooperativas de trabajo asociado como intermediaras de empleo y regresar a contrataciones de más largo plazo.

Y el último componente tiene relación directa con sus propuestas agraria y antinarcóticos: darles beneficios judiciales a los narcos que abandonen la actividad ilícita y restituyan tierras para entregárselas a las víctimas del conflicto, campesinos y empresas agrícolas; ellos, a su vez, serían los protagonistas principales del proyecto de industrialización agroalimentaria, que destinaría las 15 millones de hectáreas de tierra fértil para la producción de alimentos.

Dentro de este capítulo, la propuesta de Petro incluye un impuesto a la tierra improductiva, con el que se recaudarían cerca de $2 billones, medida que también liberaría tierras fértiles; asimismo, su gobierno destinaría aproximadamente $15 billones en el modelo de subsidios a la agricultura.

“Nos proponemos aumentar la producción de alimentos, con lo cual caerá su precio relativo”, explica, y agrega que mantener subsidios es coherente en el escenario internacional porque los países industrializados no suspenderán sus ayudas al campo en los próximos cuatro años. De esta manera, el productor aseguraría su ingreso. “Hay que incluir al campesinado en la prosperidad económica. Y ese es el costo de la paz”, precisa.

En cuanto a política cafetera, adoptaría el mismo modelo que Nueva Zelanda aplicó en su sector lácteo y que convirtió a los productores en copropietarios del proceso de industrialización y comercialización. En su opinión, el modelo actual no genera ingresos suficientes para el caficultor e implica grandes costos, lo que se ve reflejado en la pérdida de terreno en el escenario mundial frente a países como Vietnam e Indonesia.

Todo pasa por el agua

Sentado en su sillón de cuero, con tono pausado y respuestas concisas, Gustavo Petro describe el papel que el líquido tendrá en su política de infraestructura: “La obra de infraestructura prioritaria es llevar el agua a la totalidad de la población y añadir el consumo mínimo vital gratuito”.

También será el elemento principal en su plan de movilidad, que busca cambiar la preeminencia del asfalto sobre los rieles y los cauces. “El costo de transporte más barato es al revés: es más barato el ferrocarril que la carretera y más barata el agua que el ferrocarril”, asegura. El aspirante quiere reactivar la navegabilidad en el río Magdalena, que implicaría la inversión de US$500 millones en dragado para que en su curso transitaran barcos de mayor calado al actual, los cuales se dedicarían principalmente al transporte de alimentos. En síntesis, se convertiría en la “Avenida de la tierra fértil”.

Su administración, además de fomentar el uso de los ferrocarriles, contrataría la construcción de futuras carreteras de doble calzada con el modelo de concesión, que, de paso, le permitiría liberar recursos para otros proyectos relacionados con el líquido vital: su regulación a partir de distritos de riego, su producción con la reforestación en diferentes lugares del territorio y su utilización al buscar que los futuros sistemas integrados de transporte se muevan con energía eléctrica.

En cuanto al sector energético, Petro sabe que el cambio climático podría llevar al país hacia una situación similar a la de Venezuela, donde los bajos niveles de agua y de inversión tienen al país al borde del colapso. Para evitarlo, le daría paso al desarrollo de energías limpias, como la solar y la eólica. Su Plan de Aseguramiento Energético también comprende la creación de cuotas de carbón y petróleo para acumular reservas que garanticen la generación a corto y mediano plazo.

En política petrolera, seguiría adelante con los planes de modernización de la Refinería del Caribe. Pero el enfoque de Ecopetrol cambiaría paulatinamente hacia la petroquímica: “Se debe acondicionar el petróleo hacia lo que debe ser: más que un combustible, un insumo para los procesos de industrialización y de la vida humana”.

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Y sobre pensiones, el candidato propone implementar un modelo de pilares como funciona en Chile, que mediante el reparto simple liberaría al Estado del pago de $8 billones anuales por concepto de antiguas jubilaciones del Instituto de Seguro Social. Con este dinero crearía un fondo pensional para los adultos mayores desprotegidos.

Pero la financiación de sus planes pasa por una reforma tributaria, una que no incluya exenciones. “Los empresarios de Colombia deben pagar impuesto como todo ciudadano”, dice Petro, argumentando que la eliminación de los privilegios otorgados durante la era Uribe adicionarían cerca de $10 billones a las arcas del Estado.

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