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El expediente de la fallida incursión militar que pretendía derrocar el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, conocida como Operación Gedeón, aterrizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras dejar ocho muertos en las costas de Macuto en el estado venezolano de La Guaira, el confuso episodio ocurrido el 3 de mayo de 2020 aún no se esclarece del todo, a pesar de investigaciones en ese país, Colombia y Estados Unidos. Ahora, una mujer a quien la Fiscalía colombiana acusa de haber estado detrás de la planeación de buena parte del fracaso de esa incursión armada, acudió a la CIDH buscando anular el juicio penal en su contra, pues le habrían violado derechos fundamentales.
Se trata de Yacsy Alexandra Álvarez, una ingeniera venezolana quien, según la Fiscalía que dirige Francisco Barbosa, “presuntamente coordinó la financiación de los grupos que se alojaban en La Guajira y la instrucción militar en técnicas y estrategias militares que exmilitares norteamericanos impartieron en algunas ocasiones a los grupos”. Su defensa alega que, tras su captura, las autoridades colombianas no le informaron que por ser extranjera tenía una serie de derechos adicionales. Como una jueza en Colombia ya negó ese argumento, Álvarez acudió a la CIDH pidiendo medidas cautelares, pues considera que le han vulnerado sus derechos al debido proceso y a garantías judiciales, entre otros.
“En ninguna de las actuaciones administrativas y judiciales que se han adelantado desde la captura se le ha garantizado a Yacsy Alexandra Álvarez su derecho de información consular, pues nunca se le cuestionó si es su deseo o no de informarle a su país de origen (Venezuela) sobre su situación jurídica en territorio colombiano”, le escribió su defensa a la CIDH. En concreto, se refieren a que, cuando en Colombia se captura a un extranjero, las autoridades tienen la obligación de comunicárselo al consulado de su país de origen para que, por ejemplo, le brinde asistencia legal. Ese derecho ha sido reiterado por la CIDH y por la Corte Interamericana (Corte IDH).
Entre las evidencias que entregaron a la CIDH está, por ejemplo, el informe de la captura de Álvarez. En cuatro páginas, dos investigadores de la Policía le informan al fiscal del caso que sobre las 9:05 de la mañana del 2 de septiembre de 2020, en vía pública del norte de Barranquilla, los uniformados le pidieron los documentos a la ingeniera, le informaron que había una orden de captura en su contra y luego se la llevaron a una estación. Si bien el documento sostiene que se le garantizaron “los derechos que le asisten como persona capturada”, en ninguna parte dice que se le haya comunicado a la Embajada venezolana en Colombia sobre la aprehensión.
El caso de Álvarez es bien particular porque desde hace varios años Colombia rompió relaciones consulares con Venezuela. Sin embargo, desde enero de 2019 las restableció cuando el presidente Iván Duque reconoció al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó y, de hecho, en Bogotá hay diplomáticos de ese gobierno. Además, en el entramado de la Operación Gedeón todavía está por establecerse el rol de Guaidó, pues el líder de la oposición venezolana habría sido uno de los promotores de la fallida incursión militar, que buscaba capturar a Maduro, según le ha asegurado a la justicia el estadounidense Jordan Goudreau, un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y propietario de la firma de seguridad Silvercorp, que habría sido contratada para la incursión.
Según Goudreau y la Fiscalía colombiana, quien habría planeado toda la incursión es el general (r) venezolano Clíver Alcalá, quien fuera uno de los más fieles servidores de Hugo Chávez, pero luego se rebeló contra el régimen de Nicolás Maduro. Hoy, Alcalá está en Estados Unidos, enfrentando una acusación por narcotráfico. Hace pocos días radicó un recurso en el que pide desclasificar cientos de documentos que demostrarían, según su defensa, que “los más altos niveles” de múltiples agencias del gobierno estadounidense estaban enteradas de sus intenciones de derrocar a Maduro. Mientras tanto, ha sido imposible que testifique en el juicio contra Álvarez en Colombia.
El abogado de Álvarez, Alejandro Carranza, le pidió a la jueza segunda especializada de Bogotá, quien lleva el caso, que devolviera el proceso a ceros, pues todo sería nulo al no haberle garantizado los derechos consulares. La Fiscalía, en audiencias de noviembre de 2021, se defendió y dijo que no se ha probado que el Estado colombiano haya obstaculizado la comunicación de la mujer con su consulado. La jueza, por su parte, señaló que, si bien la Corte IDH ha defendido estos derechos en opiniones consultivas, “estas decisiones proferidas por el máximo órgano judicial del sistema interamericano tienen un peso jurídico, pero aun así no son de obligatorio cumplimiento”.
Además, la jueza se negó a anular el proceso porque Venezuela “afronta una situación atípica e irregular que justificaría la falta de comunicación, ya que el gobierno en ejercicio de la República Bolivariana de Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Colombia en febrero de 2019 y no contaba para el momento en que fue capturada Álvarez, ni a la fecha, con una representación consular en territorio colombiano”. Aunque el abogado de Álvarez trató de que la jueza viera que Colombia reconoce al gobierno de Guaidó, la funcionaria señaló que el Consulado de ese gobierno interino “no cuenta con sede física, solo con una oficina virtual que no da apoyo a privados de la libertad”.
Venezuela ya ha condenado a más de 50 personas que, dice, tuvieron participación en la Operación Gedeón. En Colombia, tres militares venezolanos, Juven José Sequea, Rayder Alexánder Russo y Juvenal Sequea, aceptaron cargos y fueron condenados en mayo de 2021. Aunque inicialmente se les vinculó al mismo proceso que a Yacsy Álvarez, en toda su sentencia no hay una sola mención a la ingeniera. La mujer ha dicho que tenía contacto con la Dirección Nacional de Inteligencia colombiana (DNI) y les informó de los planes de la fallida incursión armada. Sin embargo, aún sigue privada de la libertad y su expediente ahora tendrá que pasar por el escrutinio de la CIDH.
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