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¿Hacia un pico y placa expropiatorio?

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En respuesta al editorial del 13 de enero de 2022, titulado “¿Por qué no pensar en un pico y placa más ambicioso?”.

El editorial del 13 de enero de 2022 plantea la posibilidad de endurecer el pico y placa en Bogotá, más allá de la medida draconiana que tomó la alcaldesa al restringir el uso de los carros durante días enteros y no por franjas horarias, como venía ocurriendo.

Al citar la opinión de un columnista, el editorial sugiere que el pico y placa se podría aumentar, de manera que la gente, en un futuro, solo pueda sacar el carro tres días al mes, es decir, el 10 % del tiempo. Así se podrían hacer las inversiones que tanto necesita el transporte público bogotano y además se mejoraría el medio ambiente.

La propia alcaldesa, en su cuenta de Twitter, compartió alegremente el editorial con la opinión pública, quizás esperando aplacar la ola de críticas e indignación de la gente.

Lo cierto es que el actual pico y placa bogotano ya tiene ribetes expropiatorios en términos políticos, pero también jurídicos. En el frente político, se asoma cierto socialismo tendiente a igualar a las personas por lo bajo, sin soluciones a sus necesidades de movilidad y limitando al máximo sus libertades. En el frente jurídico, si se sigue criminalizando el uso de los vehículos particulares, llegará el momento (si es que no llegó ya) en que la propiedad del vehículo perderá buena parte de sus beneficios por cuenta de las decisiones estatales. Eso, en plata blanca, se llama expropiación indirecta, figura muy conocida en el derecho internacional y que podría encontrar un terreno abonado en Bogotá, con posibles demandas y consabidas indemnizaciones para muchos afectados, nacionales y extranjeros.

Radicalizar el pico y placa no solo abre la vieja discusión de si se debe reducir el impuesto de rodamiento en Bogotá o no. También abre un boquete, mucho más grande, para demandar indemnizaciones por la “confiscación de facto” de aproximadamente $2 millones de activos, que se volverían inútiles para sus dueños.

Estigmatizar a las personas que necesitan su vehículo particular para múltiples propósitos no solo plantea un problema en términos de sus derechos y libertades, sino que también afecta, de manera muy grave, la economía y la competitividad de la ciudad capital del país, por no hablar del efecto rebote que se produce cuando la gente sale a comprar más carros y motos para contrarrestar la arbitrariedad de sus gobernantes.

Creer que el pico y placa ampliado mejora la movilidad es como pensar que el toque de queda es la solución para que a la gente no la maten o no le roben el celular. La movilidad bogotana no aguanta más apologías a la mediocridad y la falta de imaginación.

Bogotá necesita, con absoluta urgencia, un sistema de metro pesado que sirva como eje de la movilidad. Para limitarle al ciudadano el ejercicio de sus derechos, como usar el automóvil, se necesita primero una infraestructura que lo estimule a utilizar el transporte público. Así ocurre en los países civilizados, que tienen redes de metro y otros medios de transporte desde hace más de un siglo.

Se requieren gobernantes con voluntad política y buen juicio, que no le declaren la guerra al ciudadano que utiliza su vehículo para desarrollar sus proyectos de vida.

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